Este lunes se dará inicio en Paraguay a la audiencia preliminar por la denominada “Masacre de Curuguaty”, una acción en la que murieron 17 personas -once campesinos y seis policías- en junio de 2012 y que provocaría luego la destitución, vía juicio político desde el Senado, del entonces presidente de la República, Fernando Lugo.
La audiencia, que ya ha sido suspendida en dos ocasiones previas, está previsto que arranque a las 08H30 locales (12.30 GMT), en el Palacio de Justicia, en Asunción, y está previsto que dure tres días.
Un total de 12 campesinos están acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio.
Según explicó Guillermo Ferreiro, uno de los abogados de la defensa, la audiencia resolverá si se pone en libertad a los 12 campesinos acusados por la matanza o si la causa se eleva a juicio oral.
“No tenemos certeza ciento por ciento de que se vaya a celebrar, porque hay un recurso pendiente, ya que nosotros pedimos que primero se resuelva el litigio civil sobre la propiedad de las tierras” entre el Estado y la familia de los fallecidos, detalló.
El 15 de junio de 2012, un comando de centenares de policías realizó un desalojo en una hacienda de la localidad de Curuguaty, situada en el departamento de Canindeyú (este), que estaba ocupada por campesinos que exigían se les reivindicara la propiedad de la tierra.
La acción policial devino en un enfrentamiento armado que culminó con el fallecimiento de once campesinos y seis policías, y, además, provocó un juicio político por ”mal desempeño de sus funciones” al presidente Lugo, un hecho que es considerado por la comunidad internacional como un “golpe institucional”.
La cita fue suspendida la primera vez a pedido de la defensa, que recusó al juez y al fiscal encargados del caso por parcialidad manifiesta. En tanto, la segunda vez se prorrogó a pedido de la Policía, que argumentó no tener condiciones para garantizar la seguridad de su desarrollo, debido a la proximidad con la fecha de las pasadas elecciones del 21 de abril.
Yanine Ríos es la jueza encargada del caso desde que, de forma voluntaria y tras el pedido de la defensa, el juez original, José Dolores Benítez, se apartara del caso.