Un total de 150 mil viviendas no fueron entregadas a sus propietarios por las inmobiliarias que estafaron a cientos de familias venezolanas, cuyos casos se encuentran en manos del Estado, con la intención de ser entregadas a sus legítimos compradores.
Al respecto, el diputado de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, quien es miembro de la sala situacional que agrupa a las personas que han sido víctimas, informó que el Estado intervino las constructoras que adelantaban las obras en los diferentes urbanismos, a fin de garantizar el derecho de vivienda a sus propietarios.
Detalló que alrededor de 100 mil unidades habitacionales ya fueron culminadas, pero no fueron entregadas a las personas que pagaron por ellas, con la intención de que las familias cancelaran cuotas adicionales de manera ilegal.
Por otra parte, a esta cifra se suman los casos de personas que ya cancelaron sus viviendas, pero no han sido construidas, lo que eleva a 150 mil la cifra de víctimas por estafas inmobiliarias.
En este sentido, Montiel explicó que la atención de estos casos tiene como objetivo garantizar la efectiva entrega de las viviendas, por lo que el Estado está presionando a las compañías, a los fines de que agilicen los procesos de investigación.
Destacó que varios dueños de constructoras han huido del país con el dinero de las personas que les compraron una casa, sin dar respuesta a los afectados.
Hasta ahora unas 20 mil familias han obtenido respuesta a través del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), cuyas autoridades se encuentran abocadas a solventar el problema por el cual atraviesan numerosas familias.
Más de 200 mil personas y 50 mil familias han resultado afectadas por las estafas inmobiliarias, de acuerdo a las denuncias que han sido recibidas por el Indepabis y el Ministerio Público.