Inversionistas en bonos municipales demandaron este sábado al gobierno de Puerto Rico en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan.
La acción es la respuesta de los tenedores de bonos a la firma por el mandatario boricua, Alejandro García, de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.
Los demandantes, entre los que se hallan grupos de inversionistas como Franklin California Tax Free Trust y Franklin New York Tax Free Trusts, aspiran a que el tribunal federal emita una sentencia declaratoria que deje sin efecto la aplicación de la ley.
La acción judicial está dirigida igualmente al grupo inversionista de bonos Oppenheimer, según el caso sometido por los abogados Laura Domínguez Llerandi y Thomas Moers Mayer, de Nueva York.
Se solicita en la demanda que el tribunal declare inconstitucional la llamada ley, que permite a las corporaciones públicas renegociar sus multimillonarias deudas con los acreedores, bajo una particular protección para evadir a los denominados fondos buitre de la inversión.
A juicio de los demandantes la ley viola el Artículo I, Sección 8, de la Constitución de Estados Unidos al ser un ejercicio impropio de bancarrota no realizado por el Congreso, que tiene la jurisdicción en este sentido.
Puerto Rico, sin embargo, no está cobijado por la ley de bancarrota del Congreso y actúa en su condición de Estados Libre Asociado a Estados Unidos, que le proporciona un marco de operación propia, por lo que entiende que no se trata de un campo judicialmente ocupado por la ley federal.
Franklin indica que tiene 907,1 millones de dólares en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y Oppenheimer tiene aproximadamente 821,4 millones.