Un total de 47 cadáveres de 125 cuerpos exhumados por un equipo de expertos fueron reconocidos como víctimas de El Caracazo. Así lo informó Carmen Centeno, experta en Medicina Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC.
Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Fiscalía General de la República, en la capital del país, Centeno manifestó que la evaluación reveló características de desgaste de las osamentas, por lo que se determinó que de los 78 cuerpos restantes, la muerte de 27, data entre 30 y 40 años antes de El Caracazo.
Explicó que luego de que en septiembre del año pasado se realizara la exhumación de las víctimas en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, en Caracas, los restos fueron trasladados a un laboratorio ubicado en las instalaciones del Fuerte Tiuna, que fue acondicionado para identificar las osamentas.
Un equipo multidisciplinario compuesto por antropólogos, odontólogos, anatomopatólogos, necroforenses, especialistas en ADN, médicos radiólogos y fotógrafos fue el responsable de asumir el caso, enfatizó Centeno.
Dijo que a pesar de los avances logrados por los estudios científicos, se requiere la información pre mórtem para determinar datos como talla, sexo, afinidad racial, estatura y edad de las personas fallecidas, razón por la que instó a los familiares a facilitar la información y poder concluir con las identificaciones de los individuos sujetos a estudio.
“Estamos haciendo análisis completos e integrales para demostrar con certeza su identificación”, precisó la experta, destacando que junto a la base de datos que poseen, la información premórtem permitiría la identificación definitiva de las osamentas.
Por su parte, el antropólogo Carlos Martín señaló que el estudio para identificar a las víctimas se divide en tres fases. La primera, denominada fase de campo, consiste en el rescate los restos óseos, donde participan diversos especialistas.
La segunda es la fase de laboratorio, explicó Martín. En ésta etapa se determinan las características generales como edad, sexo, peso y talla, entre otras. Luego se toman las radiografías y el ADN correspondiente.
En tercer lugar se ubica la ficha premorten, la cual se inicia con la recopilación de datos que son procesados a través de una investigación metodológica y científica. A juicio del investigador de la Universidad Central de Venezuela, “ésta es la etapa más importante”. Indicó que durante la misma “los familiares desempeñan un rol fundamental en la facilitación de datos relacionados con las víctimas”.
A ese respecto, Carmen Centeno aclaró que hasta la fecha sólo 18 personas han acudido al Ministerio Público con el propósito de facilitar información relacionada a las víctimas.
Una fecha para no olvidar
El 27 de febrero de 1989, un conjunto de medidas económicas neoliberales, promulgadas durante el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez, indujeron a la población a realizar una serie de protestas que fueron silenciadas por los cuerpos de seguridad del Estado, quienes masacraron al pueblo y causaron la muerte de un número aún no contabilizado de ciudadanos. Las protestas se iniciaron en Guarenas y luego se extendieron a casi todo el territorio.
El gobierno de Pérez pretendió dar un cambio al liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional, FMI, al que se denominó «Paquete Económico», el cual fue concebido para generar supuestos cambios sustanciales en la economía del país.
El referido paquete incluía decisiones sobre la política cambiaria, fiscal y social; deuda externa; comercio exterior; sistema financiero y servicios públicos. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste drástico para las personas de menores ingresos.
Medidas anunciadas por el gobierno de CAP que motivaron las protestas del 27 de Febrero:
- Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
- Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.
- Unificación cambiaría con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
- Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
- Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
- Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
- Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.
- Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
- Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.
- Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
- Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.
- Congelación de cargos en la administración pública.