El Gobierno de Japón oficializó la intervención de la compañía Tokyo Electric Power (Tepco), operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima (este), para evitar la bancarrota total de la empresa, a la que el Ejecutivo inyectó 12 mil 800 millones de dólares como fondo de rescate, informó la prensa internacional.
La inyección conlleva el traspaso al Gobierno japonés de más del 50 por ciento de capital que le dará derechos de voto y la potestad de intervenir en la gestión de la compañía, que antes del accidente en Fukushima era la mayor eléctrica de Japón.
Además de la inyección de 12 mil 800 millones de dólares, el Ejecutivo ya autorizó una asistencia por 31 mil 118 millones de dólares destinada exclusivamente a indemnizar a las víctimas de la crisis nuclear.
La catástrofe de ese tipo fue causante de altos niveles de contaminación en zonas marítimas y agrícolas. También fueron evacuadas más de 80 mil personas, todavía albergadas, y se cerraron las 54 instalaciones nucleares para generar electricidad en Japón.
El capital para evitar la bancarrota de la compañía proviene del llamado Fondo de Facilitación para la Responsabilidad de Daños Nucleares, organismo creado en agosto de 2011 con una mezcla de fondos públicos, créditos bancarios suscritos por el Ejecutivo y capital aportado por las diez eléctricas de Japón.
Con decenas de miles de evacuados por la radiactividad y daños millonarios en la ganadería, pesca e industria de Fukushima, Tepco debe afrontar demandas millonarias, a lo que se suman los costes de retirar el combustible nuclear y desmantelar los tres reactores dañados por el tsunami de marzo de 2011.
La planta resultó la más afectada por la catástrofe natural, originándose poco después la mayor crisis nuclear en la historia del país.
Para cubrir gastos, Tepco tiene previsto subir las tarifas eléctricas en más de un 8 por ciento a partir de septiembre próximo en Tokio (capital) y sus alrededores, la región de la que es suministradora.
Además, ha elaborado un plan de negocio a diez años que incluye, entre otras cosas, la emisión de bonos corporativos con los que buscará financiarse de forma autónoma, lo que permitiría en un futuro que la compañía vuelva de nuevo a manos privadas.
En junio de este año, el Gobierno decidió reactivar dos reactores en la región de Oi, en el centro del país, situación que ha provocado un incremento de masivas protestas contra la utilización de la energía nuclear.