De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), aplicado a instituciones educativas privadas, se determinó que ningún colegio tuvo pérdidas económicas durante este año a pesar de ser instituciones sin fines de lucro.
Así lo expresó Jennifer Gil Laya, Ministra del Poder Popular para la Educación, durante su participación el el espacio Despertó Venezuela que se transmite por Venezolana de Televisión.
Gil indicó que hay sectores que se oponen a la medida de regulación de la matrícula escolar y hacen ver a través de los medios de comunicación, que en el país hay una inflación galopante y además esa situación debe asociarse a este servicio tan importante que es de primer orden para el Estado venezolano.
La titular de la cartera de educación explicó que el Estado venezolano tiene la competencia para regular y fijar la matrícula escolar en instituciones educativas privadas debido a que la Ley Orgánica de Educación así lo establece.
En el artículo 6, relativo a las competencias, en su numeral 2, literal I, queda expresamente establecida la competencia que tiene el Estado de fijar y regular el pago que deben hacer los padres y representantes en el colegio de su elección. En ese sentido, la medida obedece al cumplimiento de proteger a la familia venezolana que optó por «inscribir a sus hijos en instituciones educativas privadas, pero que no puede ser lo que fije el mercado”, aseveró Gil.
Aseguró la ministra que no son los grupos económicos ni las reglas del mercados los que deben establecer los topes en esta materia. Asimismo, denunció que estos grupos han comenzado a amenazar y a chantajear con relación a la posibilidad de no incrementar los sueldos de los docentes. En ese sentido, hizo un llamado a los padres, representantes y docentes a estar alertas ante este tipo de amenazas.
También recordó que esta matriz de opinión ya es sistemática, porque cada vez que llega este período comienzan los “mercaderes de la educación a lanzar este tipo de posiciones al afirmar que no es un 20%, sino un 40 y hasta el 50% de aumento que hay que aplicar en la matrícula”.
La Ministra de Educación informó que la medida no es extemporánea porque aún el año escolar no ha culminado y “están en los tiempos” y aclaró que el actual año escolar culmina el 27 de julio de acuerdo al calendario.
Señaló que hay padres y representantes que tienen a sus hijos en instituciones privadas de sectores populares, y no se puede pretender comparar todo el espectro de instituciones educativas privadas.
Adicionalmente, Gil hizo un llamado a la estructura del ministerio de educación, a través de las zonas educativas a estar atentas y vigilantes para atender las denuncias relacionadas con excesos en el cobro de la matrícula escolar, junto con el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
En cuanto a los gastos en los cuales incurren los colegios privados, la funcionaria detalló que están la planta física, luz, agua, teléfono, etc.; y los ajustes en los salarios de los docentes que son los previstos en el correcto funcionamiento de un plantel de educación básica. Destacó que hay instituciones que declaran gastos que “no se sabe que son, de qué se trata, a qué se refieren”, y por lo tanto no se pueden considerar al momento de hacer un análisis.
Ratificó que los colegios privados que hayan realizado el cobro de la matrícula excediendo el tope estipulado ya han incurrido en delito y para esto están previstas las sanciones correspondientes, que pueden ser pecuniarias.
Dijo que conjuntamente con el Indepabis, se establecerá la irregularidad que cometió la institución educativa y posteriormente se procederá a reintegrar a los padres, madres y representantes el monto cancelado por concepto de mensualidad que está fuera de la legalidad.
Gil subrayó que en este momento hay un despliegue de supervisores del Ministerio no sólo para atender las denuncias, sino para hacer el seguimiento correspondiente y haya una aplicación real de la sanción “y no se quede sin respuesta el denunciante lo cual significaría defraudarlo y por lo tanto hay que ir al fondo y ser ejemplarizantes”.
Precisó que las personas pueden acudir a efectuar sus denuncias en las 24 zonas educativas del país y además, a través de los mecanismos establecidos por el Indepabis para tal fin.