El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, enfatizó este sábado que el Gobierno Bolivariano no permitirá que la Constitución sea violentada por ningún sector político.
Durante la Conferencia de Paz instalada en el estado Zulia, ratificó que la elección popular de un funcionario público «no significa impunidad de ningún tipo».
«No vamos a permitir que nadie venga a violentar la Constitución y menos cuando se hace de manera notoria», expresó a la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, quien había tomado la palabra a favor de los destituidos alcaldes de San Diego (Valenia), Enzo Scarano, y de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, imputados por el Tribunal Supremo de Justicia debido a la actuación de ambos en los hechos violentos ocurridos en sus municipios durante las últimas cinco semanas.
Recordó que el Gobierno nacional ha convocado, en reiteradas ocasiones, a todos los sectores políticos, sociales y económicos del país al diálogo y, asimismo, resaltó que se continuará invitado a los dirigentes del movimiento estudiantil de oposición a manifestar sus propuestas.
«Nos vamos a empeñar en el diálogo y a sentarnos a dialogar con quienes tengamos que sentarnos», expresó.
Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que desde el Gobierno Bolivariano el llamado al diálogo «ha sido abierto, transparente y sincero».
Por tal razón, recordó a la alcaldesa de Maracaibo la orden dada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde el inicio del periodo presidencial para la instalación de las mesas de diálogo por la seguridad del país.
Recordó que el primer lugar que su despacho visitó fue el Zulia y que se dio respuesta a solicitudes realizadas por la alcaldesa Trejo en cuando al tema de la basura y la seguridad.
«Se le asignaron las patrullas, las motos, se tomaron las decisiones para los habitantes del municipio Maracaibo, con plena sinceridad, abiertamente y sin esconderse de nadie», reflexionó.
En cuanto a la privativa de libertad de Scarano y Ceballos, apuntó que parte de la competencia de un alcalde es tomar medidas preventivas para que no sea alterado el orden público en un municipio.