Jueces hondureños decidieron suspender la huelga de hambre, iniciada hace más de dos semanas, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, quien ratificó este martes la destitución de cuatro de los jueces de la alta instancia judicial, por denunciar el Golpe de Estado al presidente constitucional, Manuel Zelaya, ocurrido el 28 de junio del año pasado.
«Se suspende la huelga de hambre, pero vamos a iniciar otras acciones a nivel internacional, en la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias, para hacer saber que es imposible revertir el golpe de Estado en Honduras», expresó Guillermo López, uno de los jueces afectados.
Por su parte, el vocero de la máxima corte de justicia, Danilo Izaguirre, indicó que los árbitros analizaron la solicitud y reconsideraron la sanción de los jueces Adán Guillermo López Lohan, Luis Alonso Chévez de La Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza.
No obstante, 10 de los 15 magistrados de la CSJ de Honduras, mantuvieron su firme posición en no restituir a los jueces que se manifestaron a favor de Zelaya.
Lopéz indicó que se iniciarán «acciones en la CPI (Corte Penal Internacional), para juzgar al fiscal general, Luis Rubí, al presidente de la CSJ, Jorge Avilés, y a los otros 14 magistrados».
El pasado 5 de mayo fue aprobada la expulsión de los jueces que laboraban en los tribunales de San Pedro Sula (costa hondureña), por lo motivos antes expuestos.
Mientras tanto, el sucesor del régimen de facto, Porfirio Lobo, declaró el pasado 18 de mayo, desde Madrid, España, que no compartía la decisión de la Corte pues, «esta situación nos crea una dificultad a los hondureños», manifestó.
Entre tanto, los jueces que decidieron levantar la huelga, tras la rectificación de la Corte, emitieron un comunicado en contra del órgano judicial, el cual expresa: «Que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto confirmar las sanciones impuestas el pasado 5 de mayo no hace más que evidenciar que este órgano ha decidido alejarse de la legalidad y que se ha entregado a las presiones de los sectores ultraderechistas comprometidos con la ruptura del orden constitucional«.
Finalmente, los jueces que declararon no haber sido notificados de la primera decisión, confirmaron la participación directa del Poder Judicial en el golpe de Estado del 28 de junio, con esta nueva decisión.