El juez argentino, Julián Ercolini, ordenó procesar a la expresidenta Cristina Kirchner por supuesta asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (unos 648 millones de dólares), en la causa que investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral.
Asimismo, procesó a Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, cuya compañía Austral Construcciones fue supuestamente beneficiada con la concesión irregular de obras, indicó el Centro de Información Judicial.
Cristina Fernández tiene otros pedidos de fiscales para ser indagada por supuestamente ocultar transferencias por 500 millones de dólares realizadas por empresarios y allegados en Estados Unidos.
A su salida de los tribunales cuando fue llamada a declarar, Fernández reiteró que esta acción forma parte de «una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático» puesta en marcha por el Gobierno de Mauricio Macri.