El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y diputados autonómico de Izquierda Unida recibirán una citación judicial en las próximas horas, por su implicación en los asaltos a los supermercados andaluces para darles alimentos a los más pobres. El resto de personas implicadas en estos asaltos serán detenidas por las Fuerzas de Seguridad en cuanto terminen de ser identificadas.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció este miércoles que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a los responsables de los asaltos a dos supermercados en los que participó el alcalde de Marinelada (Izquierda Unida), Juan Manuel Sánchez Gordillo. “Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios”, destacó Fernández Díaz, quien añadió que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque “esto sería la ley de la selva”.
El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.Por su parte, el titular de Justicia ha elevado al Ministerio Público lo ocurrido para que actúe conforme a derecho respecto a estos incidentes.
Según explicó Fernández Díaz, el establecimiento ha presentado una denuncia y la Policía y la Guardia Civil tienen ya órdenes de detener a los autores y ponerlos a disposición judicial. A su juicio, los dirigentes políticos que “lideran e incitan” este tipo de actos, además de incurrir en actos delictivos, “cometen una gravísima irresponsabilidad de la que tendrán que dar cuenta”.
Sánchez Gordillo considera que con la orden de detención quiere “reprimir y asustar” y además regresa al franquismo. En declaraciones a Efe, Sánchez Gordillo ha reiterado que no cometió ningún delito porque no pisó el supermercado y se limitó a realizar “maniobras de distracción” para que otros sindicalistas pudieran llevarse alimentos básicos del supermercado por una cuantía que no es hurto y que han entregado en Sevilla y pueblos de Cádiz.
Tras calificar como “terrorismo de Estado” y de “violencia estatal inadmisible” la orden de detención, el parlamentario y alcalde de Marinaleda ha subrayado que le tendrán que detener muchas veces porque piensa realizar numerosas acciones «desde la no violencia activa” para que se atienda a los 6 millones de parados y a los 12 millones de pobres que hay en España.