El Tribunal Constitucional (TC) de España admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista y la Izquierda Plural contra la reforma laboral del gobierno conservador de Mariano Rajoy.
En un comunicado difundido hoy, el alto tribunal aceptó dar traslado a la demanda interpuesta por los grupos parlamentarios de esas organizaciones contra nueve artículos de la controvertida legislación laboral, aprobada en febrero último por el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP).
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Izquierda Plural, integrada por la coalición Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña Verdes y Chunta Aragonesista, registraron su recurso ante el TC el pasado 5 de octubre.
A juicio de los dos grupos de la oposición, nueve artículos de la reforma laboral son contrarios a la Carta Magna, al atacar las bases del estado social de derecho y vulnerar 10 preceptos constitucionales.
Los demandantes estimaron que los cambios introducidos por el PP quebrantan el modelo de relaciones sociolaborales de las últimas tres décadas, que busca el equilibrio, diálogo e integración de posiciones contradictorias, así como el derecho a la negociación colectiva.
Como parte de los duros ajustes exigidos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, la administración de Rajoy dio luz verde a una reforma del mercado laboral que abarata y facilita el despido de los trabajadores y permite la rescisión unilateral de contratos.
Para las principales centrales sindicales de esta nación ibérica, las transformaciones sancionadas por decreto por el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) restan poder a los gremios a la hora de pactar las condiciones laborales de los asalariados.
Además, denunciaron que la norma apuesta por la reducción de los salarios, precariza el empleo, acrecienta las desigualdades y conduce a un empobrecimiento generalizado de la sociedad, en un país con casi seis millones de parados, la tasa más alta del mundo industrializado.
En su resolución, fechada el 30 de octubre, el TC, que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución, ordenó comunicar su decisión al Parlamento y al Gobierno, para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y efectuar las alegaciones convenientes.