Un tribunal penal de Guatemala rechazó este jueves conceder el beneficio de amnistía al dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien la pedía para evadir un proceso penal en su contra por genocidio, informó el juez de la causa.
El titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo en Guatemala, Miguel Ángel Gálvez, negó el beneficio a Ríos Montt argumentando que la petición de amnistía no es aplicable para el delito de genocidio del que la Fiscalía acusa al dictador y pide se le juzgue.
Gálvez señaló que el genocidio es «un delito internacional» y la Ley Nacional de Reconciliación, de 1997, no otorga ese privilegio al acusado.
El Ministerio Público, por su parte, subrayó que con la Ley de Reconciliación fueron derogadas las amnistías decretadas con anterioridad, de tal forma que no podía acogerse la petición del procesado.
Ríos Montt enfrentará un juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, por su responsabilidad en la ejecución de 11 masacres en el Área Ixil, Quiché (noroeste).
Al concluir la audiencia, Ríos Montt se limitó a decir que se encuentra bien y que era una situación de los abogados.
La defensa de Ríos Montt argumentaba que existe un decreto vigente desde 1986, emitido por el expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986), que establece amnistía para quienes combatieron durante la guerra interna.
Este beneficio se le concede a toda persona responsable o sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos durante el período del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986.
Sin embargo, el juez consideró que los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad no son amnistiables y por ende se declaraba sin lugar la petición.
Ríos Montt, de 85 años, fue presidente de facto desde el 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 y fue acusado por genocidio en el marco de la guerra de 36 años (1960-1996) que dejó 200 mil muertos y desaparecidos en Guatemala, según un informe avalado por las Naciones Unidas.
Fue ligado a proceso el 26 de enero de 2012, y se le otorgaron medidas sustitutivas de arraigo, arresto domiciliar y una caución económica de 500 mil quetzales (64 mil 300 dólares).
El Ministerio Público lo sindica como responsable de haber ordenado el marco jurídico que sirvió de base para la elaboración de los planes militares Victoria 82, Sofía, Firmeza 83 y el de desarrollo y seguridad para aniquilar a la etnia maya- ixil, cuyos integrantes eran considerados enemigos internos del Estado.
También le atribuyen las masacres en la comunidad Dos Erres en Petén, cuya documentación la recoge el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.