El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos señaló que el Gobierno Nacional refuerza las actividades de atención a los afectados por la violencia política
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El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, destacó la participación de las organizaciones de víctimas de los actos de violencia política ocurridos en el país, en el reciente proceso de liberación de un grupo de personas vinculadas con estos hechos.
Sostuvo que dichos aportes fueron el resultados de un proceso en el que los integrantes de estos colectivos demostraron “mucho desprendimiento y visión colectiva”, y en el que se impuso el interés nacional sobre el particular.
Para el experto en derechos humanos, los grupos que reúne a las víctimas del 11 de abril de 2002, al movimiento de afectados por el sicariato campesino y a las víctimas de los episodios de violencia de 2013, 2014, 2017, “han jugado un rol trascendental” en el proceso, al aportar sus recomendaciones al presidente Nicolás Maduro.
No obstante, aclaró que más que condiciones para respaldar la medida de liberación propuesta por el Presidente, los integrantes de estos grupos consideraron necesario que el Estado acelere las investigaciones de los casos de homicidio ocurridos durante las manifestaciones violentas, así como asegurar mecanismos para evitar que las personas beneficiadas con la medida reincidan en la violencia y acelerar el proceso de atención integral a las víctimas, con el objeivo de “abarcar un universo mayor de los afectados”.
TRABAJO PARALELO
El también secretario de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública destacó que mientras el Gobierno Nacional avanza con medidas alternativas a la privativa de libertad, también lo hace en paralelo con los procesos de atención y reconocimiento a las víctimas.
“Cuando el presidente Maduro lanzó la propuesta de crear una Comisión para la Verdad, dijo ‘Esa comisión tiene que tener como centro de su acción a las víctimas’. Es el objetivo principal que nosotros debemos alcanzar”, expresó Devoe.
Por esta razón se creó un fondo especial con el fin de beneficiar a las personas afectadas, el cual “implica medidas de atención integral haciendo uso de todas las herramientas de protección social que tiene el Estado”, entre ellas, las vinculadas con el área psicológica, una instancia que dispone de un equipo de expertos que acompaña a las víctimas que lo han solicitado.
También se les proporciona acompañamiento jurídico con un grupo de abogados que los asesoran sobre procesos penales que están en curso en los tribunales del país.
UN PROCESO NECESARIO
Explicó Devoe que el proceso iniciado la semana pasada permite que personas detenidas por estar señaladas de participar en hechos de violencia política, puedan recibir medidas alternativas a la privación de libertad, “es decir, puedan salir a la calle con una serie de medidas cautelares”.
Apuntó que esta acción legal no es novedosa, pues en diciembre de 2017 se realizó un proceso similar que concluyó con la puesta en libertad de 69 personas por recomendación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, decisión que se hizo efectiva en “aras de favorecer el proceso de diálogo que estaba en marcha”.
De acuerdo con Devoe, este proceso de liberación no es una “muestra de debilidad del Gobierno”. A su juicio, este tipo de aseveraciones son “una práctica recurrente de un sector de la oposición”, la cual hizo señalamientos similares cuando el 13 de abril de 2002, el comandante Hugo Chávez, crucifijo en mano, llamó a la reconciliación del país y cuando aprobó una ley de amnistía en el años 2007.
Destacó la posición del Jefe del Estado al considerar que están dadas las condiciones para iniciar un proceso de esta magnitud luego de la jornada electoral del 20 de mayo pasado, cuando “quienes participaron dieron un amplio respaldo al Gobierno Nacional a través del ejercicio del voto”.
Este proceso es “una medida necesaria, indispensable para poder avanzar por todos los otros caminos que requiere Venezuela”, manifestó Devoe, quien considera imposible “que el país pueda avanzar hacía la recuperación económica si no están dadas las condiciones de pacificación, de paz y de reencuentro entre los venezolanos”.
Para el experto, a diferencia de la ley de amnistía del año 2007, que incluyó el cierre de los procesos en curso y la eliminación de antecedentes penales de quienes recibieron el beneficio, en esta ocasión se trata de la sustitución de una medida de privación de libertad por medidas cautelares, la cuales, “en muchos casos”, se limitan a la presentación ante tribunales y la prohibición de salida del país.
“El Presidente hace esta propuesta con la esperanza de que estas políticas permitan la incorporación progresiva de estas personas al ejercicio de la vida política a través del debate democrático y favorezca la exclusión de la violencia como una herramienta, como una vía, para tratar de resolver las diferencias que puedan existir en el país”, indicó.
El proceso, explicó Devoe, se inició con la solicitud de información al Ministerio Publico y al Tribunal Supremo de Justicia sobre todas las personas privadas de libertad por participar en los episodios de violencia. A partir de la base de datos, la comisión revisa caso por caso para determinar cuáles se ajustan a los criterios establecidos: que el postulado esté vinculado con los episodios de violencia política, que no esté procesado por homicidio o hechos graves contra la integridad y que no sea funcionaria o funcionario policial o efectivo militar señalado por la vulneración de derechos humanos. Posteriormente, se definen los casos que cumplen con las condiciones y son recomendados al sistema de justicia para que se les aplique la medida de libertad.
A juicio de Devoe, la medida “busca cerrarle la puerta de manera definitiva a esos episodios de violencia”, al dejar en libertad un grupo de personas como una señal que invita al debate y a “resolver las diferencias a través del ejercicio del derecho al voto”.
T/ Romer Viera Rivas
F/ María Isabel Batista
Caracas