El legislador del partido Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, presentó una moción para conformar una Comisión Especial que investigue al expresidente de Perú, Alan García, y sus exministros Jorge del Castillo (presidente del Consejo de Ministros), Hernán Garrido Lecca (salud y Vivienda), Enrique Cornejo (Transporte y Vivienda) y Aurelio Pastor (Justicia).
La petición busca determinar si los ex dirigentes peruanos cometieron o no delitos contra la infracción constitucional, lavado de activos, y contra la administración (corrupción de funcionarios).
El referido parlamentario declaró, que su misión apunta al objetivo de luchar contra la corrupción.
El documento está fundamentado en los escándalos que salieron a la luz durante el quinquenio de García y que no solo involucran al exmandatario, sino a sus exministros.
Benítez dijo que la intención de esta iniciativa es lograr que un grupo especial de trabajo evalúe estos hechos y determine si se cometieron delitos sancionados por la ley.
Detalla que en caso se establezca la comisión de infracción a la Constitución, entonces se procederá a formalizar una denuncia constitucional y la sanción punitiva deberá ser aplicada por el Poder Judicial, que incluso podrá solicitar mandatos de detención en contra de los imputados y, hasta, dictar penas privativas de La Libertad.
LOS CASOS
El documento refiere que le competerá al Poder Legislativo y luego de un debido proceso, sancionar con una inhabilitación del ejercicio de la función pública hasta diez años a quienes resulten responsables.
Entre los escándalos que menciona y que sirven de argumento para solicitar la creación de una comisión especial investigadora sobre la administración García, está el caso “Petroaudios” que implica un posible negociado de lotes petroleros a favor de compañías extranjeras, así como el presunto sistema de espionaje telefónico a líderes de oposición y periodistas.
Como posibles actos relacionados al lavado de activo y enriquecimiento ilícito se recuerda la sospechosa venta del aeródromo de Collique, los negociados a favor de la empresa Petrolera Monterrico que tiene que ver con la sospechosa transferencia de inmuebles de Surco y San Isidro por parte del exprimer ministro, a quien, además, se le encontraron cuentas en el extranjero que Del Castillo dice que todo es legal y que la Fiscalía está investigando.
Entre otros temas la moción resalta el delicado caso del Banco Azteca, la irregular compra de alimentos para los afectados por el sismo que azotó la región Ica por parte del Fondo de Reconstrucción para el Sur (Forsur).
FORSUR Y OTROS
Asimismo, la cuestionada reconstrucción de esta localidad, el engaño de los bonos del Forsur, los negociados turbios de terrenos por Cofopri, así como los decretos de urgencia dados para facilitar actos de corrupción.
También las sospechosas licitaciones para la construcción de hospitales, la compra de ambulancias sobrevaluadas, el sospechoso manejo del programa “Agua para Todos” y las irregulares concesiones de los puertos.
Además, la sobrevaloración en la construcción de la carretera Interoceánica, la emisión de cuestionables normas a favor de la corrupción, la construcción de los llamados colegios emblemáticos y la inauguración de nosocomios que resultaron ser meras fachadas.
Igualmente las inauguraciones de obras realizadas de forma inadecuada, como el Tren Eléctrico o la sobrevaloración en la remodelación del Estadio Nacional. Entre los casos destacan igualmente el origen del dinero con que se erigió el Cristo del Morro y el irregular indulto a personas comprometidas en actos de corrupción como el exempresario José Enrique Crousillat.