El Proyecto de Ley de Arrendamiento Inmobiliario que se presentará el 3 de marzo próximo ante la Asamblea Nacional (AN), representa un instrumento garante y protector del derecho a la vivienda que tienen los venezolanos, expresó este jueves la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
Durante la emisión de su programa radial La Voz de la Defensoría, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ramírez refirió que la aprobación de esta normativa permitirá la humanización de los desalojos forzosos “que se han convertido en una amenaza para las familias venezolanas que se encuentran en situación de arrendatarios”.
“Es importante que la Ley pueda mirar las dos caras de la moneda: la del arrendador y arrendatario, para que no genere un desnivel, preservándose el derecho humano, principalmente, el derecho de la vivienda”, agregó Ramírez.
La propuesta busca crear la figura de los defensores públicos, debido a que en ocasiones las personas no son notificadas de los desalojos, por ello se intenta restituir un derecho, explicó la Defensora.
Refirió que el proyecto a entregar prohíbe “la medida de secuestro, que en la práctica es un desalojo anticipado, porque llegaba un juez de ejecución, secuestraba la vivienda con la supuesta intención de acreditar que estaba pagando, pero a la larga las personas eran desalojadas de sus casas.”
En ese sentido, refirió que con la Ley se pretende resguardar a los inquilinos y protegerlos ante esta situación.
Aunque reconoció que todavía falta mucho por hacer en esta materia, Ramírez aprovechó la oportunidad para destacar los aportes hechos para la elaboración de este instrumento legal por movimientos sociales como la Red Metropolitana de Inquilinos.
“Deben hacerse investigaciones y eso será un reto para la Defensoría en materia de Vivienda creada la semana pasada, conocer por ejemplo a estas personas que tienen cuatro, o seis edificios, las llamadas administradoras, que también vulneran el derecho de muchos venezolanos», precisó.