El pleno de la Asamblea Nacional sancionó este jueves la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas y fue remitida al Ejecutivo Nacional para su promulgación y publicación en gaceta oficial a fin de entrar en vigencia en los próximos días.
Durante la sesión ordinaria de este jueves se dio lectura al texto final del instrumento jurídico, luego de más de un mes de sesiones de debate, así como diversas jornadas de parlamentarismo social de calle, en la que destacó la participación de colectivos populares, consejos comunales, red de inquilinos, propietarios de viviendas y empresas administradoras de inmuebles.
El acto de promulgación se realizará este sábado 12 de noviembre en un acto multitudinario presidido por el líder de la Revolución Bolivariana, presidente Hugo Chávez, quien acompañado de su pueblo dará la entrada en vigencia al texto jurídico.
El pasado 27 de octubre fue aprobada, por primera vez en Venezuela, una ley pensada, germinada y motorizada por el movimiento popular.
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas declara a la vivienda como un derecho humano fundamental.
Además, está sustentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -construida en 1999 tras la llegada de Hugo Chávez al gobierno– que contempla en su artículo 204 la posibilidad del proceso de formación de leyes por iniciativa popular.
Se precisan las firmas de al menos 0,1% de los inscritos en el registro electoral para presentar una propuesta legislativa.
La redacción del instrumento jurídico estuvo en manos de algunos movimientos populares desde junio de 2010, pensando en un texto que intentara combatir las grandes mafias inmobiliarias y poner coto a los abusos de muchos arrendadores.
La Red Metropolitana de Inquilinos (que forma parte del Movimiento de Pobladores) y los frentes de Inquilinos de los Estados Mérida, Carabobo y Aragua construyeron ese primer borrador y en enero de este año, en un recordado encuentro del Movimiento de Pobladores con Chávez, el presidente bendijo la iniciativa y los incentivó a presentarla. Además, aprobó inmediatamente un decreto que prohíbe los desalojos arbitrarios.
El 2 de febrero el proyecto salió a la calle en busca de las 17.400 firmas necesarias; a los 10 días ya se habían recolectado unas 498 mil.