«Estamos todavía de fiesta, esta promulgación de la Ley de Arrendamientos (Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas) es una reivindicación al derecho de la vivienda como un derecho fundamental. Esto solo es posible en Revolución, una ley construida las bases populares», así lo expresó Ana Marina Rodríguez, abogada e integrante de la Red de Inquilinos.
Entrevistada en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión, señaló que si la oposición llegara al Gobierno sería un enorme retroceso para los logros en materia de vivienda, así como en las áreas sociales.
Por su parte, el abogado Eleusis Borrego, también integrante de la Red de Inquilinos, expresó que este instrumento legal, promulgado por el presidente Hugo Chávez el pasado sábado, garantiza la igualdad. «Un cambio profundo en el sistema que queremos alcanzar que es el socialismo», agregó. Dijo que jamás la oposición haría una ley con contenido social.
El referido instrumento legal fue el primer proyecto presentado a la Asamblea Nacional por iniciativa popular, siendo la primera Ley elaborada en su totalidad por el pueblo organizado.
En la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.053 de fecha 12 de noviembre de 2011, y que circula este lunes, quedó oficializada la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, promulgada por el presidente de la República, Hugo Chávez, el pasado sábado en un acto realizado en el Teatro Nacional de Caracas.
El instrumento legal fue aprobado el jueves pasado por la Asamblea Nacional y está respaldado por más de 413.000 firmas recolectadas en todo el territorio nacional en más de 1.150 asambleas populares, en el marco del Pueblo Legislador.
La norma establece la protección del débil jurídico en materia de inquilinato, así como la consolidación y reconocimiento del derecho a la propiedad privada, consagrado en la Constitución de la República.
Establece también un régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles como un sistema integrado, dirigido a enfrentar la crisis habitacional. En tal sentido, el Estado promoverá y protegerá el arrendamiento responsable de viviendas, pensiones, residencias o habitaciones, por lo que será el Ejecutivo Nacional quien tome las medidas que permitan desarrollar las bases y mecanismos que garanticen el goce a una vivienda digna.
Para ello se creará la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, que formará parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda y Hábitat, la cual regulará, administrará supervisará, inspeccionará, controlará y sancionará por parte del Estado, a los arrendatarios y arrendadores, según lo establecido en la normativa. Además, fijará el canon de arrendamiento de los inmuebles regulados; así como creará el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas.