Advierte el presidente del TSJ, Maikel Moreno
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Al rechazar la designación de 33 miembros del Poder Judicial venezolano por parte de la Asamblea Nacional en la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo los auspicios de su secretario general Luis Almagro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, sostuvo que “cualquier pretensión de atentar contra la institucionalidad del sistema de justicia será castigada severamente por los organismos competentes y no servirán para ello excusas ni justificaciones de ningún carácter”.
El máximo funcionario judicial venezolano recordó que según los artículos 138 y 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”, por lo tanto instó a los países de la OEA a no convalidar el acto. Además “este grupo de ciudadanos venezolanos, que no vacilamos en calificar de apátridas y mercenarios de la justicia, deben ser perseguidos no solo por los organismos del país, sino por las instituciones del mundo, ya que esta inmoral pretensión afectaría el buen desenvolvimiento de los procedimientos internacionales.
Quienes ilegalmente designaron a estos sujetos saben que lo hicieron con un procedimiento inconstitucional e ilegal, por eso, carecen de cualquier facultad, y su único objetivo es cometer delitos de lesa patria. Condenamos firmemente este intento de golpe judicial y nos mantendremos firmes en la defensa de la soberanía y de nuestras instituciones”, señaló.
El acto realizado la mañana de ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue en realidad la prolongación de otro realizado en ese recinto en julio, cuando representantes de la Asamblea Nacional eligieron a los magistrados. Ayer, cuando se llevó a cabo el acto de juramentación, no hubo ninguna convocatoria oficial, argumentando que está haciendo el seguimiento de violaciones a los derechos humanos, aunque no especificó casos ni procedimientos judiciales en marcha. Tampoco describió cuál es el respaldo ofrecido por la institución que dirige. No especificó si las decisiones de los magistrados son vinculantes ni cuál será su alcance jurídico y territorial. Las argumentaciones de Almagro no fueron jurídicas sino políticas dentro del marco de los derechos humanos. De acuerdo con la versión divulgada por medios locales, Almagro actuaría en seguimiento de la violación de los derechos humanos en Venezuela, aunque no mencionó los casos emblemáticos que en reiteradas oportunidades han mencionado los dirigentes de la oposición. El secretario general insistió, en la misma línea del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en que las sanciones son «el camino para poner de rodillas al régimen de Venezuela». «La instalación de este TSJ abre el camino para recuperar la democracia en Venezuela», fueron algunas de sus frases más precisas.
LOS MAGISTRADOS LEGÍTIMOS SE ENCUENTRAN EN CARACAS
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, fue enfático en afirmar que cualquier pretensión de atentar contra la institucionalidad del sistema de justicia será castigada severamente por los organismos competentes y no servirán para ello excusas ni justificaciones de ningún carácter. A continuación, el texto completo:
«Revisaremos con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana. Es importante conocer que a la luz de lo que dispone el artículo 138 de nuestra Constitución, ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’. Asimismo, el artículo 152 de nuestra Constitución, nos obliga a mantener la más firme y decidida defensa de los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en nuestros asuntos internos, así como la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.
Es así, como las distintas Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, mantienen una relación de respeto y reciprocidad en materia judicial con la mayoría de los países del mundo, todo lo cual, cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, sólo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales y otros que por la dinámica jurídica se presentan a diario en todos y cada uno de los tribunales del país. Es importante que los países del mundo rechacen estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional, y que no sólo amenaza a Venezuela sino a cualquier país, a sabiendas que las decisiones judiciales tienen el carácter de afectar en ocasiones la dinámica jurídica de otro país.
Este grupo de ciudadanos venezolanos, que no vacilamos en calificar de apátridas y mercenarios de la justicia, deben ser perseguidos no sólo por los organismos del país, sino por las instituciones del mundo, ya que ésta inmoral pretensión afectaría el buen desenvolvimiento de los procedimientos internacionales.
Quienes ilegalmente designaron a estos sujetos, saben que lo hicieron con un procedimiento inconstitucional e ilegal, por eso, carecen de cualquier facultad, y su único objetivo es cometer delitos de lesa patria. Condenamos firmemente este intento de Golpe Judicial y nos mantendremos firmes en la defensa de la Soberanía y de nuestras instituciones».