Varios centenares de personas se movilizaron este domingo en la capital francesa contra el estado de emergencia decretado por el gobierno tras los atentados del 13 de noviembre último.
Los manifestantes, que se desplazaron desde la Plaza de la Bastilla hasta la Plaza de la República, también expresaron su apoyo a los migrantes que llegan a Europa huyendo de los conflictos armados que azotan a sus países de origen.
Analistas apuntan que existe el temor de que los mortales ataques perpetrados en París se conviertan en justificación para atacar y rechazar a los miles de indocumentados llegados al continente.
Los temores incluso van más allá, pues cierto es que podría incrementarse la xenofobia, el racismo, la islamofobia y otras manifestaciones de discriminación, tal como sucedió tras los atentados de principios de este año.
Por otra parte, el Parlamento aprobó el viernes pasado un proyecto de ley para prolongar a tres meses el estado de emergencia, desde los 12 días permitidos actualmente.
La votación se realizó con gran celeridad a petición del presidente francés, François Hollande.
El gobierno propone poner bajo arresto domiciliario a todo aquel cuya conducta pueda constituir una amenaza, lo cual permitirá incluir a individuos sospechosos por sus comportamientos o sus compañías, palabras o proyectos, según la información divulgada.
También se podrá prohibir a la persona bajo ese tipo de detención entrar en contacto directo o indirecto con otras sospechosas de preparar actos que atenten contra el orden público.
El estado de emergencia permite realizar registros a cualquier hora del día o de la noche sin orden judicial. El proyecto de ley excluye allanamientos a locales en los que se ejerza mandato parlamentario o actividad profesional de abogados o periodistas.
El documento abre la posibilidad de disolver asociaciones o grupos que participen, faciliten o inciten a perpetrar actos graves que atenten contra el orden público y que incluyan a personas en arresto domiciliario.
La cuestión de estado de emergencia genera criterios encontrados pues la población se debate entre la necesidad de sentirse seguros y la posibilidad de que con el alegado objetivo de garantizar la tan anhelada seguridad, podrían ser irrespetadas sus libertades individuales.