La Contraloría General de la República inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por 12 meses al ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales y por 8 meses a Ramón Martínez, ex gobernador del estado Sucre, por incurrir en varios hechos que, acuerdo con lo establecido en la Ley contra la Corrupción, son considerados como delitos.
Según resolución publicada en la Gaceta Oficial número 39.430, de fecha 24 de mayo de 2010, que circuló este martes, Rosales incumplió reiteradamente la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones como mandatario regional (2004-2008) y al ingreso y cese de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo, en 2008.
Esto se suma al hecho de que en 2007 se determinó un incremento patrimonial desproporcionado, fondos no justificados y omisión de información en su declaración jurada de patrimonio de 2003, lo que le significó una multa tras un procedimiento administrativo realizado en 2007.
Estos hechos constituyen causales de inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin menoscabo de otras sanciones, según el artículo 39 de la Ley contra la Corrupción.
Rosales, quien fue derrotado por el jefe de Estado, Hugo Chávez, en elecciones presidenciales de diciembre de 2006, evade la justicia venezolana desde marzo de 2009.
En abril del año pasado, el Gobierno de Perú le concedió asilo político, pues asegura ser un perseguido político, cuando en realidad es acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Zulia.
Pese a estar procesado por su presunta participación en hechos de corrupción, Rosales está incluido en la lista de postulados opositores a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Aspira a una curul en la Asamblea Nacional (AN) por la circunscripción número 6 del Zulia.
El prófugo firmó el 12 de abril de 2002 el llamado Decreto Carmona, con el cual se consumó el golpe de Estado, y que disolvió la Constitución Nacional y sus poderes.
Por su parte, se determinó que Ramón Martínez incumplió reiteradamente la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al ingreso y cese de sus funciones como Gobernador des estado Sucre, durante el período comprendido entre los años (2004-2008).
La medida contempla la prohibición del ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de ocho (8) meses, por haber subsumido su conducta en el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción.