España anunció un detallado programa para reformas económicas y un duro presupuesto que representa un ajuste de 39,000 millones de euros para el 2013, basado principalmente en recortes de gastos, en lo que muchos ven como un esfuerzo para adelantarse a los probables términos que se impondrían en un rescate internacional.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que mantiene su previsión de contracción de 0.5% del PIB para el 2013, confiando en que se trate del último año de recesión, tras la caída de 1.5% del PIB prevista para el 2012.
“Son unos presupuestos de tiempo de crisis, pero precisamente son para salir ésta”, afirmó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa al término del consejo de ministros.
En un país sumido en la recesión y con un desempleo de casi 25%, dos tercios del presupuesto está dedicado a gasto social, las únicas partidas presupuestarias que se ven aumentadas son las pensiones, con un incremento previsto de 1%, y las becas, además de los intereses de una deuda pública que no dejan de crecer bajo la presión de los mercados.
Para tranquilizar a los inversionistas, el plan de reformas aprobado incluye una “autoridad fiscal independiente, que lo que hará es avalar el estricto cumplimiento de la política presupuestaria”, afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, precisando que se trataba de una demanda europea.
Entre las otras 42 medidas aprobadas figuran la continuación de la reforma laboral, la desincentivación de las jubilaciones anticipadas, un adelgazamiento de la administración pública y liberalizaciones en sectores como la energía o las telecomunicaciones.
Los nuevos presupuestos prevén una reducción media de 8.9% en el gasto de los ministerios, que incluirá la congelación, por tercer año consecutivo, del sueldo de los funcionarios y el no remplazo de los trabajadores públicos que se jubilen.
En la partida de ingresos, se incluye la subida del IVA y de otros tributos, con los que Madrid prevé recaudar 15,000 millones de euros, otros 7,000 millones deben llegar de recortes en las comunidades autónomas, que gestionan los presupuestos de sanidad y educación.