Desde el mes de julio hasta hoy, más de 50.000 familias de toda Venezuela han sido estafadas por constructoras, inmobiliarias y promotoras habitacionales, a través del cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para ello han recurrido la modalidad de un supuesto “ajuste” de los costos contemplado en los contratos iniciales para la adquisición de viviendas.
La Sala Situacional de Víctimas y Afectados en la materia dispuesta por la Asamblea Nacional (AN), ha recibido, en el mismo período de tiempo, cerca de 1.900 denuncias sustentadas en los contratos que firmaron las personas estafadas.
El presidente de la subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la AN, diputado Augusto Montiel, explicó que, de acuerdo a las estimaciones que maneja, en total serían 150.000 las contrataciones realizadas de manera irregular por las empresas del sector habitacional que aplicaron a los compradores el cobro del IPC.
Vale recordar que la Resolución 110 -emitida en junio del año 2009 por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Viviendas- establece la prohibición del cobro de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas adicionales de dinero, basados en la aplicación del Índice de Precios al Consumidor o de cualquier otro mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación.
La restricción en cuestión se fija en los contratos que tengan por objeto, bajo cualquier forma o modalidad, la adquisición de viviendas por construirse, en construcción o ya construidas, suscritos o a suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
MODUS OPERANDI COMPARTIDO
“Existen en el país miles de familias afectadas por estas empresas que han desarrollado un modus operandi compartido para usar el dinero de las familias que desean adquirir viviendas”, dijo.
Apuntó que el procedimiento se inicia con la pre-venta u una oferta de una vivienda con determinadas características de servicios, condiciones de infraestructura y comodidad, para captar a los posibles compradores. La persona que accede a tramitar la compra del inmueble es obligada a firmar un contrato en el que se estipulan el costo total de la edificación, los parámetros para la cancelación de las cuotas mensuales y el plazo de entrega del bien.
Luego, una vez iniciada la fase de construcción de las obras, las empresas comienzan a llamar a los compradores para solicitar el pago del IPC, camuflado en lo que han denominado “ajuste de precios” o “justiprecio”, sin dar ninguna explicación que justifique los incrementos del costo inicial de las viviendas.
“Las familias, después de ceder y entregar sus ahorros, se dan cuenta de que los contratos no se corresponden con la realidad, porque se les empieza a cobrar el IPC, al tiempo que se atrasan y paralizan las construcciones. Y las viviendas no se entregan a tiempo”, acotó Montiel.
DINERO DESVIADO
Reiteró que el IPC no tiene legalidad para ser utilizado como fórmula para aumentar el valor de los inmuebles habitacionales. Y agregó que las alzas de los costos, bajo esta modalidad, pueden llegar hasta 150% del precio acordado inicialmente.
Enfatizó que los propietarios de las constructoras, inmobiliarias y promotoras de los complejos habitaciones recaban el dinero de los compradores para emplearlo como capital en la ejecución de otras obras o para invertirlos en el exterior.
“Una vez que reciben los recursos comienzan a crear parapetos de viviendas para que los ciudadanos piensen que se están construyendo, pero al cabo de un tiempo se ven los contratos incumplidos e inicia la presión hacia las familias para el pago del IPC con argumentos irreales”, subrayó.
COMPLICIDAD DE LA BANCA
El parlamentario Augusto Montiel también llamó la atención sobre la complicidad de algunas instituciones bancarias en las acciones de fraude y trampa de las constructoras, a través del otorgamiento de los créditos a las familias venezolanas para el financiamiento habitacional.
“Las compañías constructoras no pueden imponerles a los ciudadanos la entidad bancaria en la que deben solicitar y tramitar el crédito, pero resulta que las compañías obligan a los ciudadanos a firmar contratos con determinada instituciones del sector financiero”, indicó.
Manifestó que las constructoras, inmobiliarias y promotoras habitacionales están incurriendo, además, en otras inconsistencias, que van desde el incumplimiento de los contratos firmados, fechas de entrega, ventas fraudulentas, desvío de recursos y usura.
En concreto, estarían infringiendo las disposiciones establecidas en normativas como la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Código de Comercio, Código Civil y la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
SANCIONES
Las sanciones se aplicarán, según cada caso específico, desde castigos administrativos hasta privación de libertad.
“Los delitos penales tienen que ver con la Fiscalía General de la República y conllevaría a la privación de libertad de los culpables de estas acciones irregulares. Hay una serie de decisiones cautelares que ya están siendo previstas”, comentó.
Aclaró que el objetivo de estas medidas no es atentar contra las constructoras, inmobiliarias y demás agentes relacionados con el sector de la construcción. “La idea es que las leyes se cumplan pero no se está procediendo ni en contra de las constructoras ni en contra de los constructores, sino en contra de delincuentes estafadores y sus conductas inescrupulosas”, añadió.
AMENAZAS Y CONSECUENCIAS
Augusto Montiel alertó sobre una campaña de hostigamiento y amenazas de las constructoras, inmobiliarias y promotoras habitacionales a las familias que se han negado a pagar el ÍPC o han decidido denunciar las irregularidades.
Expuso que han recibido denuncias de personas que han sido interceptadas por funcionarios policiales vestidos de civil en la ciudad capital.
“En las últimas semanas, policías de alcaldías del este de Caracas han interceptado a las personas y las han amedrentado con armas”. En uno de los casos, precisó Montiel, el agraviado fue una persona que compró en el complejo habitacional El Encantado y en otro, caso, un comprador del conjunto de Mata Linda. Ya las denuncias fueron colocadas”, recalcó.
En estos actos, declaró, están involucrados efectivos de las policías de los municipios Sucre y El Hatillo del estado Miranda.
COMISIÓN DE ALTO
En días pasados, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunció la activación de la Mesa de Acción de Alto Gobierno, que estará constituida por los ministerios del Poder Popular para Comercio y Vivienda y Hábitat. También participan delegados de la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República.
Se espera que en los próximos días se incorporen la cartera de Relaciones Interiores y Justicia, así como la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y otras instituciones gubernamentales.
La meta es articular esfuerzos entre todos los organismos para determinar los mecanismos para restituir los derechos de las familias afectadas por los actores del sector inmobiliario.
Las autoridades encargadas del seguimiento de las estafas evalúan caso por caso, para dictaminar quiénes son los responsables y precisar las irregularidades por las que tendrán que responder.
Hay ocho proyectos habitacionales que están siendo investigados, entre los que destacan la Hacienda El Encantado; Conjunto Residencial San José del Ávila; Conjunto Residencial Terrazas Las Palmas; Conjunto Residencial Mata Linda; Conjunto Residencial Villa Alianza y comunidad Las Américas; urbanización Monte Claro y La Arboleda.
FAMILIAS EXIGEN RESPUESTAS
Rosalba Medina, compradora de un inmueble en el Conjunto Residencial San José del Ávila en Caracas, firmó un contrato en el año 2006 para adquirir una vivienda en el referido complejo, por un costo total de 199.000 bolívares. En días recientes, le notificaron que debía pagar 71.000 bolívares más, sin darle ninguna explicación.
“Me prometieron la entrega de la vivienda en 18 meses, es decir, que no sólo incumplieron la fecha de entrega de mi casa, sino que ahora me exigen el pago de otro dinero adicional para que entregármela, lo que vendría a ser el cobro del IPC”, dijo.
Instó a las y los ciudadanos con situaciones similares a denunciar la irregularidad, para evitar que se sigan suscitando estafas de este tipo en Venezuela.
En el Complejo Residencial San José del Ávila, cerca de 735 familias están afectadas por las pretensiones de las constructoras.
Rubén Toro, comprador en el Complejo El Encantado en Macaracuay, compró en julio de 2007 por 283.000 bolívares.
Ahora le solicitan 70.000 bolívares más que no estaban pautados en el contrato inicial. “Esta situación me ha afectado, porque nos llaman, nos piden que les pagamos por adelanto, que el tiempo se va a acabar, que los apartamentos van a ser vendidos y que firmemos rápido”, afirmó.
Jesús Salvis, comprador del Grupo Residencial Mata Linda en Charallave estado Miranda, destacó que su vivienda fue ofertada en principio en 84.000 bolívares en el año 2006 y a la fecha reporta un incremento a Bs. 360.000. En este grupo residencial se suman otras 1.500 familias.
“Ya pagamos las cuotas y las obras no están listas. Una excusa para obligarnos a pagar el IPC es paralizando las obras y doblegándonos a firmar nuevos contratos. El llamado es a las demás familias a denunciar para que se agilicen los procesos ”, aseveró.
En estos actos, declaró, están involucrados efectivos de las policías de los municipios Sucre y El Hatillo del estado Miranda.
T/ Lilia Leal
F/ Luis Franco
Caracas
Constructoras que registran más casos de denuncias
Grupo Effiel
Mata Linda
Promotora SDA 202 C.A
Inversiones Martinique
Inversiones Urbana 2007
Desarrollos INMOB Desine
Inmobiliaria Dafer
Promotora Metro Urbe
Promotora Altos de Oro
Grupo Copeca C.A
Para realizar denuncias, las y los interesados se pueden dirigir a la sede del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) en la avenida Libertador, en Caracas y en sus dependencias regionales, o llamando a través del 0-800-RECLAMA (7325262).