Durante 2011, la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) aprobó un total de 177 créditos adicionales, lo que significó la suma de 137 mil 944 millones de bolívares, que fueron destinados fundamentalmente a áreas como salud, educación, viviendas, alimentación, entre otras.
La información la dio a conocer este jueves el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, durante el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, en el cual ofreció un un balance del resultado económico del año 2011.
En ese sentido, Sanguino precisó que de acuerdo con datos preliminares suministrados por el Banco Central de Venezuela (BCV), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre del año cerrará por encima de 4%, para dar un crecimiento anual también de más de 4%.
«A pesar de que los países altamente industrializados de la zona euro y Estados Unidos están en una crisis profunda del sistema capitalista, aquí en Venezuela, gracias a que tenemos un Gobierno revolucionario que privilegia al ser humano, hemos logrado obtener resultados satisfactorios, no sólo en el área económica sino fundamentalmente en lo social», dijo.
Sanguino refirió que mientras en Europa se reducen los beneficios sociales a los trabajadores y se le ha aumentado la edad a las personas para optar a una pensión, en Venezuela el número de personas incorporadas al seguro social ha pasado de 350 mil a más de un millón 900 mil y ha habido ajustes salariales consecutivos.
«Gracias a la política que se ha venido adoptando, de fortalecimiento de la seguridad agroalimentaria y de la aplicación de las grandes misiones (Vivienda, Saber y Trabajo, Hijos de Venezuela y En Amor Mayor) el 2012 se nos presentará como un buen año, en el cual debemos definir y profundizar la Revolución Bolivariana», agregó Sanguino.
El parlamentario acotó que para el próximo año el Gobierno revolucionario seguirá trabajando para lograr la estabilización del índice inflacionario en los bienes y servicios, a través de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos.