Más de un centenar de personas resultaron detenidas, luego de las manifestaciones del lunes contra la reciente aprobación del proyecto HidroAysén, que contempla la construcción de cinco plantas hidroeléctricas en la región de Aysén, que ocasionará la devastación de miles de hectáreas de la Patagonia que quedarán inundadas.
En la manifestación contra el proyecto hidroeléctrico participó el diputado Patricio Vallespín (Democristiano), quien acusó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como «culpable» de la votación. Además, criticó la «violencia innecesaria» con la que se atacaron las protestas.
“No solamente está la violación de nuestra institucionalidad ambiental que se ha puesto al servicio de un mega proyecto y no al servicio del país, no solamente han habido conflictos de intereses, no solamente se han modificado a última hora estudios, sino que este proyecto no cuenta con los más mínimos elementos para poder decir que es un proyecto justo ecuánime”, denunció el diputado a través de la multiestatal Telesur.
Por su parte, la directora de la ONG Fundación Terram, Flavia Liverona, denunció que “con la instalación de este proyecto no sólo se destruyen ecosistemas sino también posibilidades de empleo fundamentalmente asociados al turismo”.
No obstante, el recrudecimiento de la protestas de calle, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, defendió el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto energético de HidroAysén, alegando que cumple con las legislaciones ambientales vigentes.
Benítez sostuvo que «todos los proyectos generan impactos y lo que se trata de hacer es que a medida que se va evaluando se va viendo que estos sean compensados y mitigados bajo la normativa vigente», dijo.
El proyecto HidroAysén, que ha enfrentado una fuerte oposición de ambientalistas, contempla la construcción de cinco centrales que demandarán una inversión de unos tres mil 500 millones de dólares y producirán dos mil 750 megavatios en total. Esto lo que convierte en el proyecto hidroeléctrico de mayor envergadura en Chile, que generará un gran impacto ecológico en los ríos Baker y Pascua.
Según un sondeo de opinión realizado en el pasado mes de abril, revela que 61 por ciento de los chilenos se oponen al proyecto.