Los padres y representantes de los alumnos, además de las directivas institucionales y asambleas escolares fijarán los montos de las matrículas y mensualidades de los planteles educativos privados para el período escolar 2010-2011, informó la ministra del Poder Popular para la Educación, Jennifer Gil Laya.
Durante una entrevista en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, la ministra afirmó que, ante la preocupación manifiesta de los padres de familia que tienen hijos inscritos en colegios particulares, se está diseñando una resolución que establezca las pautas a cumplirse. Recordó que los entes educativos no podrán aumentar la matrícula en forma arbitraria.
Explicó que el Ministerio de Educación (ME) tiene potestad para fijar matriculas y mensualidades, con montos pautados por el Ministerio de Comercio, que es la institución encargada de regular los servicios públicos y privados que existen en el país. “Pero en este caso, serán los padres y representantes, los directivos de las escuelas y las asambleas escolares quienes determinen los costos», puntualizó Gil Laya.
Agregó que su ministerio, supervisará las áreas educativa y administrativa a través de sus diversas instancias zonales. Ellas atenderán cualquier denuncia o irregularidad.
Asimismo, el ME encargará de evaluar en las instituciones privadas que se respeten y se cumplan con los compromisos adquiridos con los docentes, personal obrero y administrativo, alumnado, así como en lo referente a la infraestructura y permisología.
«La educación es un derecho y deber social fundamental, independientemente que sea público o privado, así debemos mantenerlo y respetarlo, no es una mercancía», expresó la autoridad educativa.
Destacó que el Gobierno Nacional ejerce la mayor responsabilidad en educación ya que es responsable directamente de la formación gratuita y obligatoria. Finalmente, mencionó la Ley Orgánica de Educación promulgada en agosto de 2009, actualmente en vigencia, que desarrolla los principios y valores rectores que asume el Estado en el área educativa, en las instituciones y centros educativos del país, tanto públicos como privados.