El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) -máxima instancia judicial del organismo- anuló este miércoles las sanciones impuestas por el bloque regional, hace dos años y medio, contra el Banco Mellat de Irán, bajo falsas acusaciones que vinculaban a esta entidad financiera con proyectos nucleares.
“Después de un trabajo intenso y legal para levantar las sanciones, (el Tribunal de Justicia) ha fallado a favor del Banco Mellat”, aseveró el presidente de la institución, Ali Divandari.
Adicionalmente, la Corte ha requerido a la Unión Europea “cubrir los costos de los procedimientos legales”, así como también compensar a Mellat por las pérdidas sufridas a causa de estas sanciones.
Según Divandari, las razones para imponer las sanciones contra el banco, en julio de 2010, “resultaron vagas”, motivo por el cual el Tribunal decidió finalmente
«Teniendo en cuenta las leyes basadas en la unanimidad que tienen las decisiones de la Corte Europea de Justicia, estoy seguro de que este resultado afectará positivamente las acciones legales emprendidas por otros bancos e institutos económicos iraníes», enfatizó.
En julio de 2010, la UE aplicó sanciones contra el Banco Mellat, acusándole de estar involucrado en proyectos con armas atómicas. Esta causa fue revocada entonces por el Tribunal esta semana.
Previamente, en diciembre de 2012, el mismo tribunal -con sede en Luxemburgo- emitió la orden de excluir al banco persa ‘Sina’ de la lista de sanciones contra Irán, tras 20 meses de investigar los documentos presentados por los abogados de la mencionada entidad bancaria.
La Unión Europea, bajo coacción de Estados Unidos, aprobó en enero de 2012 nuevas sanciones contra Irán, con el objetivo de prevenir a otros países de la compra del petróleo iraní y la realización de transacciones con el Banco Central de la nación persa. Dichas sanciones entraron en vigor en julio pasado.
Washington justifica las sanciones sobre la base de la acusación infundada de que Irán persigue objetivos no civiles en su programa de energía nuclear, un señalamiento que ha sido desmentido por la propia Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Por su parte, Teherán, rechaza la acusación y sostiene que, como signatario comprometido con el Tratado de No Proliferación Nuclear y miembro de la AIEA, tiene el derecho de utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos.