Las víctimas de las empresas inmobiliarias cuya expropiación anunció este domingo el presidente Hugo Chávez consideran que esta medida demuestra que el Estado venezolano vela por los intereses de todos los ciudadanos sin distinción de ningún tipo, expresó este miércoles Ignacio Sánchez, integrante de la sala situacional de afectados por constructoras privadas.
En el programa Despertó Venezuela que transmite Venezolana de Televisión, Sánchez señaló que en el país hay un Gobierno que vela por los intereses de todos los ciudadanos, sin distingo de color político ni raza, y que nadie está por encima de la ley,
“Gracias a la sala y la fuerza del conjunto de los afectados, logramos que el Estado volteara hacia esta situación de estafa y de usura por años, donde los constructores querían hacer valer sólo sus derechos”, añadió y reiteró que en la sala situacional conformada por el Indepabis, se han recibido más de 2.000 denuncias sobre irregularidades en preventas de inmuebles.
Sánchez contó su experiencia como comprador del conjunto residencial Terrazas de Los Pomelos, ubicado en el municipio El Hatillo, estado Miranda. Explicó que el precio fijado para su apartamento de 96 metros cuadrados, en la preventa del año 2007, era de 686.000 bolívares. Hasta hoy, su familia canceló 380.000 bolívares, pero la inmobiliaria pretende subir el monto a 947.000 bolívares al protocolizar el crédito, monto que no está en capacidad de de cubrir. Añadió que la inmobiliaria alegaba falta de cementos, cabillas y otros insumos. “Algo que yo, como arquitecto, sé que es falso”, indicó.
También expresó su opinión Janeth Serrano, compradora del Conjunto Residencial El Encantado, en El Hatillo e integrante de la sala situacional de afectados por las constructoras privadas.
Con referencia a los intentos opositores de desvirtuar el verdadero propósito de la medida del Estado, Serano manifestó que el Gobierno protege el derecho a la propiedad de cada persona. “Yo hago un llamado a la calma a los compradores. No se les está quitando su vivienda, sino que se les está protegiendo. Quienes pretendían quitarnos nuestra vivienda eran los constructores”, puntualizó.
Señaló que gracias al apoyo de las instituciones del Estado y a la conformación de la sala situacional, los afectados por la estafa inmobiliaria tuvieron un espacio para expresarse y resolver su problema. “Nosotros no pedimos que nos regalen las viviendas. Nosotros las queremos pagar, pero sin estafa, sin incrementos, sin ilegalidad”, indicó.
Recordó que tras la medida del Ejecutivo, decenas de personas de urbanizaciones como San José del Ávila, en el centro de Caracas, recibieron las llaves de sus apartamentos. “Vi gente llorar, enferma, cuya salud estaba en peligro y debían dedicarle tiempo a esta lucha. Es injusto que se someta a la gente a estas angustias”, puntualizó.