Dos semanas después de la falla en la aplicación de la inyección letal a un condenado a muerte en Oklahoma, se mantiene abierto el debate sobre el tema de los métodos y la pena capital en Estados Unidos.
Ahora algunos medios de comunicación en Missouri, entre ellos tres periódicos, entablaron una demanda en la cual se alega que la opinión pública tiene derecho a saber «el tipo, calidad y fuente» de los fármacos utilizados para las mortíferas drogas.
A la acción legal se sumaron también la agencia de noticias Associated Press y el periódico británico The Guardian, en cuyas páginas se difundió que al menos 13 estados de la Unión han modificado su normativa para mantener en secreto toda información relacionada con los mecanismos de obtención de esos medicamentos.
El pasado 29 de abril a Clayton Lockett le explotó una vena cuando recibía la inyección letal en una cárcel de Oklahoma, por lo que las autoridades se vieron obligadas a detener el proceso y suspender otra ejecución programada para el mismo día más tarde.
Según trascendió entonces, Lockett (declarado culpable de asesinato en 2000) murió 43 minutos después de un aparente ataque al corazón, informó el Departamento de Correcciones de ese estado.
La constitucionalidad de la inyección de drogas letales y cócteles está en las noticias desde el año pasado, cuando los fabricantes europeos prohibieron a las prisiones estadounidenses el uso de sus medicamentos en las ejecuciones.
Activistas contra la pena de muerte dicen que el hermetismo del gobierno sobre el asunto de los fármacos puede ir en contra del respeto a los derechos humanos.
Otros grupos advirtieron que va también en contra de la Constitución causar un sufrimiento cruel e inusual al condenado a muerte.
Todo ello obligó al presidente Barack Obama a pedir la revisión de la fallida ejecución de Lockett.
En 2013, los estados de Arkansas, California, Florida, Luisiana, Montana, Carolina del Norte y Ohio cambiaron sus procedimientos de las ejecuciones para que incluyeran un protocolo de una sola sustancia y (o) se pudieran modificar las sustancias químicas utilizadas en los mismos.
Desde la reanudación de la pena de muerte en Estados Unidos (1976), casi mil 400 hombres y mujeres fueron ejecutados, 90% de ellos mediante inyección letal, aunque se han utilizado otros métodos, como la cámara de gas, la horca, la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento.