Miles de hogares griegos en los que viven menores con necesidades especiales atraviesan severos problemas financieros ante la práctica desaparición de las ayudas del Estado, publicó este lunes el diario Kathimerini.
Tener un hijo con algún tipo de discapacidad mental o física significa que las familias deben hacerse cargo de los cuidados, tratamientos, terapias y educación, ante el paulatino deterioro del sistema público de salud, fruto de los drásticos recortes sociales impuestos por las políticas de austeridad.
Las aportaciones del Estado se redujeron tanto en los subsidios a los afectados como en las partidas presupuestarias asignadas a los organismos encargados de atenderlos.
Según relató Marietta Mylonopulu, directora del Centro de Neurodesarrollo Infantil de El Pireo, un problema añadido es que la seguridad social «puede tardar meses en dar los reembolsos a las familias» por pagos adelantados tales como terapias particulares, visitas a especialistas o compra de equipos especiales.
Esta institución vio cómo se redujo el número de terapias en 12% entre 2010 y 2011, y en 55% durante los recientes dos años.
También los centros educativos se quedaron en la mínima expresión, con escaso personal y plazas muy limitadas, lo que obligó a un número creciente de progenitores a tener a sus hijos en casa ante la imposibilidad de costear su tratamiento en centros privados.
Los expertos argumentan, además, que la indiferencia del Estado hacia los problemas de los pequeños con necesidades especiales y sus familias comienza en la etapa de diagnóstico, al contar con un número insuficiente de recursos materiales y humanos, que hacen que las pruebas de evaluación se retrasen hasta dos años.
Estas unidades de diagnóstico son también responsables de la clasificación del grado de discapacidad, lo que determina la cuantía de la ayuda estatal recibida, y en el caso de la región en la que se encuentra la capital únicamente existen siete comités para evaluar a unos 122 mil niños.