Organizaciones sociales de Chile anunciaron progresivas movilizaciones en solidaridad con la región de Aysén y en rechazo a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los manifestantes de esa zona de la Patagonia.
Participaron en ese llamado emblemáticas agrupaciones de la lucha antineoliberal en el país como la Confederación de Estudiantes de Chile, el Colegio de Profesores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros.
La decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado es muy peligrosa, subrayó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización integrante también de la Mesa Social por un Nuevo Chile.
Pizarro recordó cómo desde el pasado año el mundo social en Chile advirtió de la decisión política del actual gobierno de criminalizar la protesta social y de institucionalizar la represión.
Estamos hablando de un gobierno que opta ante las demandas sociales de millones de personas por aplicar medidas de excepción; y este país conoció muy bien lo que fueron estados de excepción y que concluyeron en la aplicación del terrorismo de Estado, subrayó la destacada dirigente social.
Cuando hablamos de represión estamos hablando de personas que perdieron un ojo, hablamos del niño Manuel Gutiérrez que perdió la vida el pasado año; todo lo cual debiera condenar la comunidad internacional, remarcó.
Sobre la anunciada Mesa Social por un Nuevo Chile la reconocida líder estudiantil Camila Vallejo acotó que se trata en definitiva de apostar a la convergencia de la lucha por otro modelo sociopolítico.
Graficó que la lucha admirable del humilde pueblo de Aysén es también la lucha de Chile y consideró que por ello hay hay que apoyar sus demandas y denunciar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en su territorio.
Paralelamente a la referida fuerza social, los partidos Comunista, Socialista, Por la Democracia y Socialista Allendista han expresado enfático rechazo a la aplicación de la mencionada legislación, surgida durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para acallar la protesta social.