El mexicano Humberto Leal García, de 38 años de edad, fue ejecutado en Texas, pese a la preocupación del Gobierno de Estados Unidos sobre las posibles consecuencias en sus relaciones con el vecino país.
Leal recibió una inyección letal anoche en una prisión estatal de Huntsville, poco después que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazara actuar en este caso.
Esta causa atrajo la atención internacional porque, según organizaciones humanitarias, al reo no se le informó acerca de su derecho a recibir consejo diplomático cuando fue arrestado.
La defensa de Leal García solicitó la intervención del gobernador del estado, Rick Perry, para suspender temporalmente la ejecución y eventualmente solicitar una audiencia de clemencia, solicitud a la que sumó la SRE y el embajador de México en Estados Unidos.
El acusado vivió en territorio estadounidense desde su niñez. En 1994 fue hallado culpable de violar a una joven de 16 años y luego golpearla hasta la muerte con un trozo de asfalto.
Aunque el convicto sostuvo su inocencia siempre, en una última declaración entregada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas, Leal se disculpó ante la familia de la víctima y pidió su perdón.
El gobierno del presidente Barack Obama, la ONU y el embajador de México en Estados Unidos solicitaron el retraso o bloqueo de la ejecución, bajo el argumento de que se violó la Convención de Viena.
Ese tratado garantiza a residentes extranjeros el derecho a una visita de representantes de sus gobiernos cuando son arrestados.
Pero en su opinión mayoritaria, la máxima instancia judicial escribió que no está obligada a actuar sobre «leyes hipotéticas».
Texas es el estado de la Unión con mayor número de aplicación de la pena de muerte.