No habrá resistencia “que nos impida hacer realidad la reforma educativa” aseguró el presidente Enrique Peña Nieto y estableció que aplicarla no es sólo una obligación legal sino un imperativo moral.
Reunido con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario reiteró la importancia de decir “una y otra vez a los maestros, ante las tergiversaciones y distorsiones que se han querido hacer de la reforma” que ésta no está diseñada para sancionar ni castigar a nadie.
La reforma educativa, insistió, está diseñada para capacitar e impulsar a los maestros, para que puedan ganar más a partir de sus propios méritos, y poder destacarse dentro del gremio magisterial con mejor formación y preparación, y posibilidades de crecimiento dentro del escalafón.
Anunció entonces que la evaluación docente de noviembre les brindará importantes beneficios a los profesores pues nadie perderá su empleo por el resultado de la misma.
Aquellos –dijo Peña- que no alcancen el nivel mínimo, recibirán tutorías y formación continua para estar en condiciones de evaluarse nuevamente; los de nivel mínimo de suficiencia tendrán garantizada su permanencia por cuatro años y se les dotará de herramientas para su mejoramiento profesional.
Asimismo, los que califiquen con un nivel bueno recibirán una promoción en incremento de horas en la plaza que ocupan y quienes alcancen un desempeño destacado recibirán un aumento en su sueldo que podrá ser hasta 35 por ciento adicional.
Para los maestro de educación media superior -añadió- que logren calificación de excelencia serán promovidos en su función, obtendrán un cambio de categoría en la misma labor y con nueva plaza.
Además, para quienes impartan clases en zonas rurales de alta pobreza y saquen calificación buena o superior en la evaluación, recibirán un aumento salarial de hasta 40 por ciento.
Peña Nieto reiteró que los protagonistas de la reforma educativa son los maestros de México y por ello hizo un amplio reconocimiento a aquellos que han hecho suya esta reforma, que la han asimilado y se preparan todos los días parta impartir la enseñanza que demandan los niños y jóvenes de México.
Respecto a los certificados de infraestructura educativa, cuyos convenios fueron firmados hoy por los mandatarios locales, el jefe del Ejecutivo reconoció que hoy miles de escuelas no tienen las instalaciones suficientes y adecuadas para cumplir su función. Citó el correspondiente censo del Inegi según el cual, por ejemplo el 11 por ciento de las escuelas públicas del país no tienen baño y en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dicho porcentaje puede ser hasta del 30 por ciento.
Esto debe cambiar, dijo Peña, porque todos los estudiantes merecen espacios dignos y decorosos. Se trata de hacer la mayor renovación en estructura educativa en las últimas décadas para que todas dispongan aulas con agua, luz y baños adecuados así como muros y pisos firmes.
Los certificados de infraestructura que se conocerán como “Cien” serán un instrumento financiero que permitirá en tres años obtener 50 mil millones de pesos adicionales y de ese modo beneficiar a 5.6 millones de alumnos de escuelas públicas y de los cuales 1.9 millones habitan en zonas indígenas.
Se prevé, indicó, apoyar a 30 mil planteles de más de dos mil municipios.
EL GREMIO PROTESTA
En pie de guerra. Así viven miles de maestros en México, uno de los países con peores calificaciones en las evaluaciones sobre el sistema educativo.
México se encuentra en el último lugar de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en nivel de educación. Y los expertos aseguran que el país tiene un sistema educativo «fallido», con indicadores de principios del siglo XX. Pero la plaza donde se encuentra el Monumento a la Revolución es un mar de carpas, poblada de maestros que se oponen a las autoridades y a cambios en el sistema.
La protesta es liderada por la combativa Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que corresponde al estado de Oaxaca, en el sur del país.
Allí también hay profesores de Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde la CNTE, con más de 100.000 afiliados, se hace fuerte.
RECHAZO A UNA EVALUACIÓN ESTANDARIZADA
La espina de la reforma es la evaluación de maestros.
«No nos oponemos a la evaluación, pero que no se genere desde un escritorio por un funcionario que nunca ha pisado una escuela en territorio oaxaqueño», le dice a BBC Mundo Radamés Castillo Salas, maestro oaxaqueño de 31 años, quien da clases a adultos.
«Son exámenes estandarizados y generalizados para todos los estados. Las condiciones son muy diferentes en todo el país, dice, y la evaluación debe tener en cuenta eso», añade fuera de su carpa, donde explica que prefiere no ser fotografiado por temor a eventuales represalias.
Pasó una semana en la protesta en el Monumento a la Revolución y este miércoles volvió a clases, tras un paro de más de dos semanas que dejó a cientos de miles de alumnos de Oaxaca sin actividades académicas. «Nosotros no vemos algo rescatable de la reforma, no es educativa, es algo laboral. Si fuera educativa, se haría un plan de estudios enfocado en cada estado y en cada nivel», indica.
La tan discutida evaluación es lo que ha impedido que la reforma educativa, promulgada en septiembre de 2013, se ponga en marcha.
La ley establece que los maestros sean evaluados obligatoriamente para poder conservar su empleo y para definir su promoción y estímulos. Muchos temen por su futuro y su reinserción.
La reforma incluye:
- Reporte del director de la escuela sobre su cumplimiento personal y su trabajo en equipo.
- Portafolio para conocer su trabajo dentro del aula y cómo lo presenta.
- Examen sobre sus conocimientos.
- Ensayo sobre cómo traduce el programa, prepara sus clases sobre un tema haciendo los ajustes para su contexto y se asegura que los alumnos alcanzaron las metas que se propuso.
Sin embargo, desde la CNTE cuestionan su contenido.
«Queremos una evaluación integral, que se evalúe todo, no punitivamente pero sí para mejorar deficiencias», le dice a BBC Mundo Eligio Hernández González, maestro de secundaria y coordinador de prensa de la Sección 22. «Planteamos un esquema que evalúe todo, maestros, alumnos, padres, a los medios de comunicación para evaluar el contenido de ellos también», señala.
«Es una reforma laboral administrativa, pretenden despedir a miles y miles de trabajadores», explica José Antonio Altamirano, integrante de la Instancia de Coordinación Nacional de la CNTE. «Pretenden desaparecer la lucha frontal que tenemos los maestros con el Estado», añade, » consideramos que los oligarcas, que el imperialismo, son nuestros enemigos, sin tapujos».
Altamirano asegura que una de sus principales demandas al gobierno es «la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos (en septiembre del año pasado) y los más de 30.000 desaparecidos por este régimen del terror».
MESES DE PROTESTAS
Las protestas han sido la tónica desde la aprobación de la reforma.
Han incluido bloqueos al aeropuerto internacional de Ciudad de México, a refinerías de la petrolera Pemex, a hoteles, manifestaciones, incendio de oficinas de partidos políticos y quema de casillas electorales antes en los comicios de este mes.
«Habría que revisar en qué nos hemos excedido, cuando pasamos de esa línea tan delgada de la protesta al vandalismo, son los puntos que nos restan credibilidad», señala dentro de su carpa Liliana García Cruz, de 33 años, quien forma docentes en Oaxaca.
Y las protestas que mantienen en seis estados, aseguran, no se van a detener. «Desde que elegí ser maestra, antes de los 15 años, sabía que venía pegada la parte política, de la protesta», dice García Cruz. «No lo hago porque me obligan. Lo hago porque sí pienso que esta protesta sirve para frenar algo», agrega.
POLÉMICA
Al anunciar la reforma, en diciembre de 2012, el gobierno hizo hincapié que ni siquiera se sabía cuántas escuelas existían, ni el número real de maestros que imparten clases o los alumnos que las toman: síntoma de la anarquía del sector educativo.
La reforma también busca acabar con un cáncer de la educación mexicana, la posibilidad de heredar o vender las plazas en las escuelas, práctica común en el país.
Altamirano asegura que esa irregularidad atañe al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la mayor agrupación sindical de América Latina, del cual la CNTE forma parte como movimiento disidente.
Sin embargo, en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, es la CNTE la que lleva la voz cantante con autonomía, por ejemplo, para manejar el presupuesto. Hay «traidores y corruptos del movimiento, denigran la educación del país, siguen vendiendo plazas, cooptando gente a través de la entrada de
«LLUEVE O TRUENE»
El gobierno, criticado por anunciar la suspensión de la evaluación antes de la elecciones en un intento de evitar el boicot de la CNTE, mantiene ahora el pulso.
«Llueve o truene, habrá evaluación docente», señaló el martes el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, días después de que la reinstalación de ese mecanismo.
Chuayffet denunció el «negocio de conseguir plazas para venderlas, arrendarlas, y cuando se acercan por aquí y nos dicen: ‘Queremos un plan de estudio revolucionario’, le cambiaría un par de letritas para decir: ‘Queremos un plan de estudio robolucionario'».
«El trastabilleo, las dudas, la falta de firmeza del gobierno en la aplicación de la ley complica las cosas», le dice a BBC Mundo Claudio González, director de la organización Mexicanos Primero, que impulsa una campaña para reformar el modelo educativo del país.
González no escatima en críticas hacia el estado de la educación en el país.
«Es muy lastimoso», señala.
Y explica que una quinta parte de cada generación inicia la licenciatura y aproximadamente el 10% la termina, y que el mexicano tiene una escolaridad promedio de 8,8 años (segundo de secundaria). «¿Cómo te defiendes en el siglo XXI si no tienes al menos la preparatoria?», se pregunta.
Cuestiona a los sucesivos gobiernos de no poner el énfasis en la calidad educativa, y a las elites en particular.
«Llevan a sus hijos a las escuelas privadas y se olvidó de las escuelas públicas. Esa elite es la que tiene más voz para poder cambiar las cosas y nunca la usó a favor de la educación pública», señala.
Y, con cifras, critica a las cúpulas sindicales.
En el estado de México, con el sistema educativo más grande del país, hay tres millones de alumnos y 68.000 docentes; en Oaxaca hay 910.000 estudiantes y 83.000 maestros.
«Tendrían un maestro por 11 alumnos, es mejor que la relación de Finlandia o Corea del Sur. ¿Dónde están entonces? Están adoctrinando, mangoneando, tratando de derribar una reforma», sentencia. En la nómina de 1,2 millones de maestros a nivel nacional existen 300.000 pagos irregulares o ilegales, asegura González.
«Esto es sólo el inicio de un largo camino transformador, nuestro retraso es de varias décadas», sentencia. Para los maestros, que niegan las denuncias de sueldos elevados, abstencionismo y otras prácticas irregulares, esta no es la solución.
El vocero de los maestros oaxaqueños lo tiene claro: «Esta reforma no va a mejorar la educación, habrá muchos despedidos, va a bajar la matrícula en las escuelas, un serio problema social, aumentará el analfabetismo».