Las Inspectorías Fiscales de Minas, las Inspectorías Técnicas Regionales y la Dirección General de Fiscalización y Control Minero, del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mibam), llevarán a cabo el ejercicio transitorio de las funciones de control y fiscalización de las actividades de exploración y explotación del oro, así como la liquidación de las regalías y ventajas especiales, previstas en la Ley de nacionalización de este sector.
Así lo establece una resolución conjunta entre los despachos de Planificación y Finanzas e Industrias Básicas y Minería, publicada en la Gaceta Oficial 39.804, que circula este martes.
Estas instituciones efectuarán además la aplicación del régimen tributario hasta que finalice el proceso de migración de las empresas al Estado venezolano y la Superintendencia Nacional de oro sea organizada y estructurada.
La Ley de Nacionalización de la Industria del Oro, decretada como parte de la Ley Habilitante en septiembre pasado, establece que los yacimientos de oro existentes en el territorio nacional pertenecen a la República y son bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del Estado.
«Todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional será de obligatoria venta y entrega a la República Bolivariana de Venezuela, a través de la aplicación de prácticas científicas y tecnológicas, procurando la óptima recuperación o extracción racional del recurso aurífero, respetando la conservación ambiental y la ordenación del territorio», reza el instrumento legal.
De este modo, las actividades mineras sólo podrán ser ejercidas por la República, a través de sus institutos públicos, o empresas de su exclusiva propiedad, o filiales, así como por empresas mixtas, en las cuales la República tenga control de las decisiones y mantenga una participación mayor de 55% del capital social.