Ante la Fiscalía Superior del estado Lara fue denunciado el director general de seguridad ciudadana y orden público de esa entidad, Edilberto León, a consecuencia de la agresión que contra la sala de la Cinemateca Nacional de Barquisimeto propició la policía (PoliLara) bajo su mando el pasado 15 de noviembre.
Así lo informaron la presidenta de la institución afectada, Blanca Rey, y la consultora jurídica del Ministerio para la Cultura, Pilar Serra, en rueda de prensa que se realizó ayer en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, en Caracas.
La acción legal se ejecutó el día lunes por solicitud del ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez.
Serra explicó que se deben esperar tres días para que haya una distribución de la causa y un fiscal pueda tomar el caso. “Luego, se deben esperar 30 días para que la fiscalía inicie sus averiguaciones y así poder presentar el caso ante un tribunal de control”, detalló.
PLAN DE RECUPERACIÓN
Rey anunció que el sábado 19 de noviembre se desarrolló una reunión en las instalaciones de la sala de la Cinemateca en Barquisimeto, entre representantes del gabinete cultural del estado Lara, el Frente Francisco de Miranda, la Defensoría del Pueblo y los voceros del Consejo Comunal Cruz del Sur, “que son los compañeros y compañeras de la comunidad adyacente que nos alertaron sobre la presencia de estos funcionarios de la policía regional en el interior de la sala”.
La titular de la Cinemateca Nacional añadió que se acordó empezar un plan de trabajo para reactivar las actividades en el espacio cultural. En este sentido, en la mañana del próximo sábado 26 de noviembre se llevará a cabo una jornada de trabajo voluntario que ofrecerá una sesión de bailoterapia para toda la población.
También se realizará a las 2:00 pm la primera proyección infantil de esta nueva etapa de la Cinemateca. “Compartiremos con todos los niños y niñas con la película Meñique y entre todos vamos a construir un pesebre”, adelantó Rey.
SIN RESPUESTA
Rey informó que aún no han recibido una respuesta oficial por parte de la gobernación sobre la denuncia pública que el ministro Ñáñez realizó el pasado 18 de noviembre con respecto al caso. Sin embargo, hizo referencia a un comunicado que PoliLara divulgó en los medios de comunicación de la entidad, donde aclararon que su ingreso en las instalaciones de la Cinemateca respondió a una solicitud previa de la comunidad.
“Una comunidad anónima, sin nombre, porque nunca dijeron cómo se llamaban. No es de extrañar que un gobierno que no trabaja con la comunidad ni de la mano del Poder Popular organizado, que tiene nombre, apellido, que tiene rostros y que tiene, además, situaciones de atención, culpabilice a la comunidad de su irrupción en esta sala”, subrayó Rey.
Aclaró que previamente varias personas sí habían solicitado resguardo y atención para la zona. “Ellos pidieron una resolución para una serie de problemas que se manifiestan y que complejizan la convivencia en esa zona, pero no pidieron que se apropiaran de un espacio para la cultura. Ellos pidieron protección, cuidado, atención y defensa de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas”, comentó.