Por defraudación tributaria en perjuicio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), durante el período 2003-2005, el Ministerio Público acusó al presidente ejecutivo de Stanford Group Venezuela de Inversión, Gonzalo Tírado Yépez, y a miembros de su junta directiva.
Adicionalmente, la Fiscalía solicitó la ratificación de la orden de aprehensión contra Tirado Yépez.
La empresa Stanford Group Venezuela de Inversión, entre el 2003 y 2005, dejó de cancelar al fisco nacional la cantidad de 5 millones 614 mil bolívares, para lo cual habría utilizado planillas forjadas de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta.
La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público el 27 de diciembre de 2005 por el Seniat.
Gonzalo Tirado Yépez fue imputado por el MP el 13 de septiembre de 2007, y el 19 de enero de 2001, el Tribunal de Control del Área Metropolitana dictó orden de aprehensión contra el presidente ejecutivo de Stanford Group, quien actualmente se encuentra prófugo.
Por otro lado, Tirado Yépez posee una solicitud de extradición, la cual fue declarada procedente por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 5 de agosto de 2010, por los casos de Inverunión Banco Comercial y de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo.
Asimismo, fueron acusados el gerente de infraestructura y servicios, así como el director de administración, Carlos Jiménez Gil y Rubén Camero García, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria continuada y apropiación indebida calificada en acción continuada.
También al proveedor y al chofer-escolta del presidente ejecutivo de Stanford Group, Jhon Velásquez Ramírez y Amador Golina Betancourt, respectivamente, por presuntamente ser cooperadores inmediatos en el delito de defraudación tributaria continuada.
Asimismo, el contador senior, adscrito a la dirección de administración, Ángel Delgado Torres, fue imputado por ser presunto coautor inmediato en el delito de defraudación tributaria continuada.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal la admisión de la acusación y el pase a juicio de los ciudadanos.