El Ministerio Público de Guatemala presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Defensa, Ulises Anzuelo para que se indague sobre su posible responsabilidad en la masacre campesina registrada el pasado 4 de octubre en Totonicapán durante una protesta.
El anuncio fue hecho por la jueza sexta penal, Silvia León y el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que los magistrados decidan si dan luz verde a la acción contra el jefe de Estado y el titular de la cartera de Defensa.
Si la Corte da luz verde a la petición, el siguiente paso será el aval del Congreso, donde a través de un sorteo se designa una comisión que investigará si se cometió un delito, detalló el diario local Prensa Libre.
La petición de investigación fue hecha, entre otros, por el diputado de la bancada opositora Libertad Democrática Renovada (Lider), Edgar Ajcio. El legislador señaló al mandatario de siete delitos, entre ellos, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad y violación a la Carta Magna.
El jueves 4 de octubre, por casi 10 horas, los habitantes de los 48 cantones de Totonicapán, en el suroeste del país, manifestaron en cinco puntos de la ruta interamericana en rechazo al aumento del precio de la luz, además de algunas de las reformas constitucionales que adelanta el Gobierno de Pérez Molina.
Inicialmente se dijo que un guardia privado disparó contra un campesino mientras se registraban los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Luego, el gobierno reconoció que siete militares dispararon supuestamente al aire para dispersar a los manifestantes.
Tras el enfrentamiento en Totonicapán, el presidente Pérez Molina ordenó a los ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de la Defensa que «en las protestas o manifestaciones de tipo social no se utilice al Ejército».
Un día después del incidente, el mandatario explicó que «en la investigación preliminar que realizó el Ministerio de Defensa, hay siete soldados que aceptaron que ellos iban en calidad de seguridad y al verse amenazados, temieron por su seguridad y comenzaron a disparar al aire».
Nueve militares, entre ellos el coronel del Ejército Juan Chiroy Sal, fueron detenidos tras ser señalados por perpetrar ejecuciones extrajudiciales durante la protesta en Totonicapán.
«Frente a estos hechos, consideramos al coronel Juan Chiroy Sal como el principal responsable de los hechos», declaró la fiscal general, Claudia Paz y Paz, tras detallar que «el coronel Chiroy ignoró a las fuerzas civiles, las cuales le dijeron que no recomendaban que llegaran las fuerzas militares» a la zona de protesta.
«Es la primera vez que se procesa a militares por delitos ocurridos en manifestaciones desde el acuerdo de la paz» de 1996, recordó Paz y Paz.