Los fiscales William Guerrero, Rochelly Barboza y Katherine Harrington del Área Metropolitana de Caracas, en representación del Ministerio Público, solicitaron la extradición del empresario Nelson Mezerhane ante el Tribunal 43° de Control de la misma área.
El pasado 30 de junio fue dictada orden de aprehensión contra Mezherane por su presunta vinculación con irregularidades cometidas en el Grupo Federal en perjuicio de sus ahorristas y accionistas.
Los juristas basaron la solicitud de extradición en la información de que el banquero se encuentra en Estados Unidos y está requerido por el sistema de justicia venezolano.
La diligencia se basa en lo establecido en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que señala: «Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez de control inicie el procedimiento de la extradición activa”.
El mismo artículo continúa: “ A tales fines, el tribunal de la causa se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional».
Por tal motivo, el Ministerio Público invocó para la solicitud un Tratado Bilateral que existe entre Estados Unidos y Venezuela desde 1923, en materia de extradición.
A Nelson Mezerhane le fue dictada una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, aprobación indebida de créditos, apropiación y distracción de recursos financieros, difusión de información financiera falsa y ocultamiento de información en la declaración institucional.
Esos delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Contra la Corrupción y la de Bancos y Otras Instituciones Financiera, vigente para el momento.
De igual forma, por este caso, fueron acordadas medidas de aseguramiento de bienes del empresario, las cuales consisten en la prohibición de enajenar y gravar, pues ya la Superintendencia de Bancos ha acordado la intervención de 34 empresas relacionadas con el grupo financiero Federal y se continúa analizando a más de cien instituciones presuntamente vinculadas con Mezerhane.
Actualmente existen ocho medidas de prohibición de salida del país contra los directivos del organismo financiero.