El Movimiento de Inquilinos exhortó ayer (viernes) a los dueños de edificios, destinados al alquiler por más de 20 años, a cumplir con la venta de los apartamentos a las familias arrendadas. El llamado se sustenta en la sentencia dictada este 17 de agosto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Rigel Sergent encabezó la rueda de prensa que ofreció ayer la organización para informar lo establecido en el fallo jurídico. Recordó que el veredicto es la respuesta al recurso de amparo introducido por el movimiento para exigir la aplicación de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario de parte de los multiarrendadores.
A PRECIO JUSTO
De acuerdo con el vocero, la disposición transitoria quinta de esa ley plantea la obligatoriedad de que los grandes propietarios vendan a sus inquilinos los apartamentos a precios justos. Lo cual fue ratificado por la reciente sentencia.
Sergent explicó que “no importa si los edificios están en propiedad horizontal o bloque, ni tampoco cuántos años tenga el inquilino”. No obstante, aclaró que la ley “se refiere a dueños de edificios destinados al alquiler por más de 20 años; no estamos hablando de un particular dueño de uno o dos apartamentos”.
La decisión del TSJ también fija que el precio de las viviendas debe ser el justo. Sergent precisó que debe ajustarse a la antigüedad del inmueble, el estado de conservación y el tamaño. La sentencia beneficia a más de 20 mil familias que viven en 5 mil edificios de Caracas.
SIN DESALOJO
Otro aspecto ratificado es la prohibición de los desalojos arbitrarios. Sergent comentó que “algunos propietarios cambian cerraduras o le niegan los servicios a los inquilinos y eso no puede ser”.
De ocurrir esos hechos, “la sentencia plantea que se tiene que articular con los órganos competentes y las fuerzas policiales deben actuar con todo el peso de la ley”, señaló el vocero.
SOBRE LAS SENTENCIAS FIRMES
En cuanto a los casos previos a la aprobación de la ley en el año 2011, en los que existe una sentencia definitiva sobre la entrega de la vivienda por parte de los inquilinos, Sergent anunció que se establecerá una mesa de trabajo interinstitucional.
La instancia será convocada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, para hacer revisión de esos casos en un lapso de 30 días.
Sergente apuntó que en Caracas existen 900 sentencias de ese tipo. Se está planteando una caracterización de todos los inquilinos con esos casos, adelantó.
La propuesta refiere dividir a los inquilinos en dos grupos: los que están en apartamentos de multiarrendadores y los que habitan los de pequeños propietarios.
El primer grupo sería atendido en función de que el multiarrendador cumpla con la disposición transitoria de la ley y proceda a la venta del inmueble, “a pesar de una sentencia firme”.
En el caso de los pequeños propietarios – que también son amparados por la ley – la sentencia establece otros procedimientos. Sin embargo, “ante la necesidad del desalojo, el inquilino se debe reubicar”, ya sea en una vivienda transitoria o en refugios.