El Ministerio Público cuenta con 416 fiscales especializados y 159 dependencias en todo el país no solo para combatir el problema de la violencia escolar sino para ejercer la protección de las familias venezolanas.
Así lo afirmó la directora de Protección Integral de la Familia de la institución, María Alejandra Vásquez, quien participó en el programa Otra Voz que conduce el diputado William Ojeda en el canal de noticias Globovisión.
“Ese equipo de alto nivel profesional y comprometido con el país se despliega por todo el territorio nacional para atender las respectivas denuncias sin distinción de ningún tipo. Por eso, el Ministerio Público garantiza una respuesta rápida y oportuna”, precisó Vásquez.
En su intervención desde la plaza Juan Pedro López en el centro de Caracas, explicó que lo que se denomina bullying debe considerarse conceptualmente como violencia escolar “porque así abarcamos la violencia sexual, familiar, psicológica y de otros tipos, y no nos encasillamos en el acoso u hostigamiento”.
Puntualizó que cualquier denuncia relativa a la violencia escolar debe ser consignada en la sede de la Dirección de Protección Integral de la Familia, ubicada en el piso 1 de la Torre Este del complejo urbanístico de Parque Central, en Caracas, y en las unidades de atención a la víctima y de atención al ciudadano del Ministerio Público en las regiones.
Estos casos también se pueden denunciar en las 159 dependencias adscritas a la Dirección de Protección Integral de la Familia en todo el país. Igualmente, los afectados pueden comunicarse con la línea telefónica gratuita 0800FISCA00 (08003472200), donde se atiende al público las 24 horas del día.
En este sentido, informó que el Ministerio Público prosigue su campaña de divulgación entre padres, representantes, estudiantes y directivos para prevenir el maltrato y la vejación que supone la violencia en los planteles públicos y privados del país.
Si bien elogió que la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha significado un cambio de paradigma, también resaltó que el mencionado texto legal establece deberes para los sujetos de derecho.
“Estamos en un compromiso de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Todos tenemos el deber de tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, destacó Vásquez.