El afán de la burguesía por el control de las ideologías generó a través del tiempo infinidad de reflexiones por parte de pensadores y filósofos que estudiaron el tema mucho más allá de su comprensión como simple reducto del pensamiento político o partidista, como suele verse, y que la entendieron como un instrumento más de los sectores dominantes para el ejercicio del control social.
El propósito de Fukuyama cuando habló en 1992 del fin de la historia no era otro que el de promover la idea burguesa del bienestar de la sociedad que representaba la superación de la confrontación ideológica, para dar paso a una dinámica generada por el modelo del libre mercado en la cual el consumismo y no la política sería el determinante del desarrollo humano.
Un concepto manejado mucho antes por Bell en su libro “El fin de las ideologías” (1964) y profundizada en “El advenimiento de la sociedad postindustrial” (1973) y “Las contradicciones culturales del capitalismo” (1976), incluidos ambos por la revista Time en la lista de los 100 libros más importantes del siglo XX.
Marcuse, por ejemplo, trabajaba la idea de la desideologización revisando los postulados de Marx, Hegel y Freud al respecto, llegando a plantear el tema desde la óptica sicológica del individuo como actor ya no de la lucha de clases ni de la alienación social del trabajo sino de la cultura capitalista de la libre competencia, la riqueza fácil y la codicia, impuesta fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Un aspecto más que decisivo en la confrontación política en la sociedad actual.
La desideologización es indispensable en el modelo burgués para inhibir el talante transformador propio de los sectores dominados, pero solo hasta cierto punto en donde las contradicciones del capitalismo se expresan en abierto conflicto con el interés supremo de los sectores dominantes por ejercer su dominación.
Una obvia contradicción del modelo capitalista de Estado es su imposibilidad de subordinar formalmente a las clases dominadas como podía hacerlo en el Estado-esclavista o en el Estado-feudal. La apariencia de la igualdad entre las clases sociales es indispensable para la noción de democracia que lo rige. En virtud de ello el desempeño político de los sectores dominados son tolerados de alguna manera, siempre y cuando se orienten hacia el fortalecimiento del modelo de la dominación y no hacia ningún otro.
En ese sentido Poulantzas sostiene: “En el caso del Estado capitalista, la autonomía de lo político puede permitir la satisfacción de intereses económicos de ciertas clases dominadas, limitando aún eventualmente el poder económico de las clases dominantes, frenando en caso necesario su capacidad de realizar sus intereses económicos a corto plazo, pero con la única condición –posible en el caso del Estado capitalista- de que su poder político y el aparato de estado queden intactos” (Poulantzas, 1969).
Es decir, se fomenta desde el capitalismo una concepción servil y rastrera de la política que a la larga termina por convertirse en una instancia inútil y despreciable, generalmente repudiada por la sociedad, para permitir así la perpetuación del modelo.
A través de ese proceso de enajenación de la política para aparentar libertad y justicia, se destruye la noción misma de ideología y se prostituye el ejercicio político abriendo espacios a la antipolítica, a la anarquía y hasta a la institucionalización del crimen en el Estado, en este caso como sector de insondables intereses económicos (y muy alto poder de fuego en la nueva realidad de la delincuencia organizada) que tiende al ejercicio del control social dada su preeminencia fáctica sobre el resto de la sociedad.
Una nueva ética del consumo desmedido, el confort y el placer basado en el lujo y en la moda como ideales de vida, determina el auge creciente de la criminalidad en el mundo. En términos absolutos, las más altas tasas de delitos contra los bienes y las personas se producen hoy en día en los países capitalistas. En ellos, el avance del crimen organizado en los espacios políticos, muy diferente al fenómeno de la corrupción o pérdida de valores éticos que en esos espacios ha sido desde siempre usual, es una realidad incontrovertible.
El político tradicional, entregado a la negociación de la política mediante prebendas, tráficos ilegales y negociados obtenidos en virtud de su relativa influencia en la sociedad, está siendo progresivamente desplazado en el mundo capitalista por el crimen organizado cuya pretensión es precisamente la de independizarse de una intermediación en el acceso al poder que ha terminado por resultarle muy costosa e innecesaria.
El terreno propicio para ello es todo aquel sector desideologizado de la política cuyas bases éticas y morales resulten ya no solo frágiles, como las de la derecha, sino proclives y hasta afines a las ambiciones de enriquecimiento fácil que les son comunes a ambos sectores.
Ese desplazamiento, que se vio desde hace ya varias décadas en Italia con la penetración de la mafia en las esferas del poder político, es el que se ha visto más recientemente en Colombia con la infiltración del narcotráfico y del paramilitarismo en el congreso así como en puestos claves del gobierno. En México, donde los carteles de la droga determinan mediante el sicariato quiénes pueden o no pueden ser candidatos a alcaldes o gobernadores, el fenómeno es también una realidad.
En Venezuela la oposición se ha orientado desde siempre por esa doctrina capitalista del desprecio al debate ideológico. Su único discurso es el de la descalificación y el infundio.
Por eso el reclamo más insistente del Comandante Chávez fue en todo momento el de la necesidad de una oposición responsable que hiciera propuestas serias al país, que pudieran ser discutidas en un gran debate nacional en función del bienestar común.
Pero esa oposición no estuvo nunca, ni lo ha estado ahora, dispuesta a asumir ese importante papel de contrapeso que la democracia le asigna en el Estado. Su negligencia e ineptitud para su propio desempeño han terminado por dejarla atrás para darle paso a una modalidad política que se ha estructurado progresivamente a su sombra signada esencialmente por el afán de la criminalidad.
Contabilizados uno a uno ya no solo los delitos de corrupción política convencionales sino particularmente los crímenes contra la vida y los bienes de las personas constatados con pruebas irrefutables en los que la oposición venezolana ha estado incursa en los últimos 18 años, es perfectamente posible asumir hoy sin exageraciones o acusaciones infamantes de ninguna naturaleza que la derecha venezolana no es ya un sector político infiltrado por el delito, sino una instancia de la criminalidad que ha venido copando el ámbito político para hacerse definitivamente del poder sin intermediación de partidos o sectores políticos que ya no les resultan indispensables.
Desde la inmoralidad que significa fundar partidos políticos con fondos robados al Estado venezolano, recibir dineros de origen dudoso a cambio de favores, manejo de sumas exorbitantes y de estilos de vida groseramente dispendiosos que no pueden ser explicados, hasta las innumerables atrocidades en crímenes, asesinatos, sicariatos, violaciones, etc., en las que aparecen incursos siempre representantes, dirigentes o militantes, de las organizaciones políticas de la derecha, el salto cualitativo (y cuantitativo sobre todo) ha sido de tal dimensión y alcance que sería estúpido continuar calificando ese comportamiento como expresión de enajenación política.
Sin embargo, la campaña mediática montada por esos sectores es la que persigue hacer aparecer a la dirigencia revolucionaria como una banda de rufianes que habrían saqueado el erario nacional en el más gigantesco asalto a los dineros públicos de la historia, y al gobierno nacional en el más criminal del planeta.
La desviación de la atención para culpar a un incierto ladrón que corre delante de la multitud ha sido siempre un recurso eficaz para ocultar al verdadero criminal. Y la oposición lo está utilizando.
Mientras más acusa sin pruebas al gobierno revolucionario (generalmente por acciones delictivas que la misma oposición comete), más evidencias irrefutables de su conducta criminal aparecen.
Los escándalos de las cuentas en los bancos suizos, los de Andorra, y de los papeles de Panamá, en los que al final solo aparece siempre gente de la oposición o de la alta burguesía criolla, así como el respaldo o cohonestación recurrente de ese sector a especuladores, criminales y prófugos de la justicia, son muestra fehaciente de una realidad inocultable; En la derecha venezolana el crimen ha desplazado ya a la política.