La Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, Navi Pillay, exigió ayer al Gobierno mexicano una investigación “expedita e inmediata” sobre la matanza de 72 inmigrantes latinoamericanos el pasado 23 de agosto en Tamaulipas (norte), perpetrada presuntamente por el cartel de Los Zetas.
La petición fue realizada en el contexto del Cuarto Foro Mundial de Migración, que se está efectuando en Puerto Vallarta (oeste mexicano), donde Pillay afirmó que la masacre en la que murieron personas que provenían de Honduras, Guatemala, Ecuador y El Salvador, “merece una explicación seria”.
La activista recalcó que es necesario instalar nuevas normativas de protección para los migrantes y que dentro de esos reglamentos, se deben tomar en cuenta “todos los obstáculos sociales a los que deben enfrentarse”.
“Tenemos que incluir elementos de equilibrio y tener alianzas para proteger a los migrantes que están en tránsito, que se ponga más atención para los migrantes que no sólo son vulnerables sino son maltratados y están sufriendo la violencia (…) La masacre de Tamaulipas no es más que un claro ejemplo de lo que está pasando en las fronteras de todo el mundo”, subrayó.
Del mismo modo, afirmó que el Gobierno mexicano debería trabajar con un comité especial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unudc) “con el objetivo de poder abordar el tema de trata de personas”.
“Hay mucha energía para controlar el tránsito de personas, pero no vemos la misma energía para controlar el tráfico de personas y de armas”, indicó.
La Alta Comisionada no fue la única de esta organización internacional que presentó esta petición. El relator especial de la ONU para las Migraciones, Jorge Bustamante, también exigió al Gobierno mexicano “una explicación clara” no sólo de lo que pasó el 23 de agosto en Tamaulipas (norte de México), sino “un anuncio de cuáles serán las medidas a tomar para prevenir que estos casos se repitan”.
Bustamante criticó que hasta el momento, tras más de dos meses del hecho, no se conoce el plan de acción del Gobierno de México para prevenir una cosa tan dramática, que va a ser historia negativa en el futuro”.
Aseveró que su posición “no es un reclamo diplomático” y que las autoridades de este país norteamericano “deben ofrecer una explicación más amplia de los hechos y reconocer deficiencias”.