Pese a la cautela con que el presidente filipino Benigno Aquino promulgó la reciente ley de salud reproductiva, sectores opuestos amenazan hoy con impugnarla ante la justicia.
Aprobada previamente por el Parlamento, lo que se hubiera considerado impensable años atrás, para el portavoz presidencial Edwin Lacierda, se trata de una legislación clave y una prueba del ardiente deseo de la administración de avanzar en asuntos de alta importancia.
Según sus términos, una vez en vigor facilitará el acceso a contraceptivos, sobre todo en la población pobre, e introduce la educación sexual en las escuelas en un país, donde la ONU estima que más de los tres millones 400 mil embarazos anuales no fueron planificados.
El diputado Edcel Lagman, principal autor del anteproyecto de ley dijo que Aquino firmó el 21 de diciembre la promulgación discretamente y sin alharaca, al tiempo que abrió un proceso de reconciliación para garantizar respaldo a lo adoptado.
Sin embargo, Rufus Rodríguez, una autoridad religiosa, si bien apreció el bajo perfil que el mandatario dio a ese acto, apuntó la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema y anunció que la semana próxima se reunirá con senadores afines para fraguar el siguiente movimiento.
Otra acérrimas críticas provinieron del vocero de la Alianza filipina del voto católico, Ricardo Boncan y del secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal sobre familia y vida, Melvin Castro.
Abigail Valte, funcionaria de la oficina presidencial, afirmó que Aquino y el gabinete en pleno desean poner fin a las acrimonias parlamentarias y abrir la posibilidad de cooperación y reconciliación entre diferentes sectores de la sociedad.
La nueva ley, publicada en la gaceta oficial, entrará en vigor automáticamente 15 días después