La decisión del Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, de rescindir 2.035 contratos laborales firmados el año pasado por el expresidente del Senado, el kirchnerista Amado Boudou, desató ayer reacciones de rechazo en diversos sectores de la nación, entre ellas las del secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero.
El conglomerado gremial más grande de trabajadores parlamentarios de Argentina respondió a las declaraciones de la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti “vamos a defender a la gente que trabaja hasta las últimas consecuencias”.
“Es probable que encontremos resistencia, pero no daremos marcha atrás” explicitó la vicepresidenta, agregando que existía un aumento en la plantilla del 146 por ciento.
A pesar que Di Próspero había anticipado su radical postura frente a lo que sería dicha decisión gubernamental declarando que el Gobierno de Macri “quiere hacer una carnicería con los trabajadores”, el secretario general de la APL radicalizó su postura, asegurando que velará por los trabajadores, ya que estos sí son necesarios en contraposición a lo señalado por Michetti.
ANTECEDENTES
El lunes, Michetti, que también preside el Senado, rescindió 2.035 contratos laborales firmados el año pasado por Boudou, que elevaron a 6.000 los empleados de la Cámara alta del país suramericano.
Según afirmó Michetti a la agencia oficial Télam, la firma de contratos de 2.035 personas en los últimos 10 meses del mandato de Boudou es “totalmente injustificable”.
“No se puede justificar semejante aumento ya que el Senado mantiene el mismo número de senadores y las mismas funciones”, consideró la vicepresidenta, que en Argentina preside la Cámara Alta.