Organizaciones y movimientos sociales defensores de derechos humanos en Venezuela rechazaron categóricamente las pretensiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de visitar Venezuela el próximo 3 de febrero.
En un documento publicado en los medios de comunicación expresan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha promovido la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los hechos de violencia política en nuestro país en los años 2012, 2014 y 2017.
Consideran además que esta instancia no ha tomado en cuenta a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que no forman parte de la polarización política del país, y ha privilegiado con su actuación a las organizaciones que reciben financiamiento directo de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá.
A continuación el texto completo del documento:
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fechas recientes ha sido cómplice y legitimado los golpes de Estado en Nuestramérica.
En nuestro país, legitimó el golpe de Estado ejecutado el 11 de abril de 2002, llegando al extremo de reconocer al dictador Pedro Carmona Estanga como representante del Estado. En una actuación similar, omitió emitir pronunciamiento alguno sobre el intento de golpe de Estado ejecutado el pasado 30 de abril de 2019, por los señores Juan Guaidó y Leopoldo López, quienes paradójicamente fueron beneficiarios de medidas cautelares dictadas por esa instancia. Más recientemente, la actuación de esta Comisión en la activación, desarrollo y legitimación del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia ha sido realmente vergonzosa y ajena a todos los principios más elementales de la democracia y los derechos humanos.
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha promovido y contribuido a la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los hechos de violencia política en nuestro país en los años 2012, 2014 y 2017. En este sentido, ha exigido públicamente, dictado medidas cautelares y presentado informes dirigidos a consolidar la impunidad de autores intelectuales y materiales de homicidios, lesiones personales y a la salud de víctimas ocurridos durante esos sucesos, entre ellos las acciones que beneficiaron a Henrique Capriles (sucesos del 2013), Leopoldo López y María Corina Machado Parisca (sucesos del 2014 y 2017), Ángel Vivas (sucesos del 2014), Luis Alejandro Mogollón Velásquez (sucesos del 2017), Juan Gerardo Guaidó Márquez (sucesos del 2019), entre otros.
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha discriminado de forma permanente a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que no forman parte de la polarización política de nuestro país, privilegiando en su actuación a las organizaciones que reciben financiamiento directo de los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá, así como aquellas vinculadas públicamente a ciertos partidos políticos de la oposición. Debe resaltarse que en sus audiencias, tramitación de casos y entrevistas personales, todas las solicitudes realizadas por las organizaciones de derechos humanos venezolanas imparciales y no polarizadas han sido negadas injustificadamente, mientras se ofrecen todos esos espacios de participación internacional a un pequeño grupo de organizaciones privilegiadas por el financiamiento extranjero.
4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene base legal para actuar en Venezuela, toda vez que el Estado ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos (que culmino su vigencia en fecha el 10 de septiembre de 2013) y de la Carta de la Organización de los Estado Americanos en fecha 27 de abril de 2017, haciéndose efectiva dos años después. Por tanto, el Estado venezolano no es miembro de la OEA y no existe una base jurídica que permita la actuación de la CIDH. Por tanto, resulta una actuación absolutamente arbitraria que generaría un pésimo precedente en la comunidad internacional que un órgano sin competencia alguna pretenda ingresar ilegalmente al territorio de un Estado.
5. En Venezuela se está desarrollando un proceso de diálogo democrático amplio entre distintos partidos y organizaciones políticas, que incluyen representantes del gobierno nacional y de amplios sectores de la oposición. Este proceso realizado en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional se encuentra en pleno desarrollo y parece haber logrado acuerdo mínimos que permitan proteger la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho y la Paz. Estimamos que la presencia ilegal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela tiene como objeto entorpecer este proceso de dialogo y contribuir a generar tensiones y conflictos, apoyando a sectores minoritarios de la oposición venezolana que han participado recientemente en el golpe de Estado del pasado 30 de abril de 2019.
Por estos motivos, las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que: se abstenga de intentar ingresar a Venezuela el próximo 3 de febrero de 2020.
Prescinda de realizar actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela que lleven a interferir en los procesos de resolución de conflictos desarrollados por los distintos actores nacionales, como la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas.
Cumpla estrictamente con el Derecho internacional público y evite ejecutar actos de injerencia contra Venezuela, lesionando el derecho humano del pueblo venezolano a su libre determinación.