«No puede haber Revolución con torturas ni con personas que son tratadas como si no fueran seres humanos», expresó este jueves Pablo Fernández, coordinador a Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, especializada en denuncias de abuso policial, quien ha venido colaborando estrechamente con el Gobierno Bolivariano con la implantación del nuevo modelo policial.
Durante el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Fernández se refirió a los hechos ocurridos el jueves 26 de mayo, cuando tres ciudadanos privados de libertad fallecieron en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en El Rosal, Caracas, debido a traumatismos presuntamente ocasionados por los funcionarios del mencionado organismo de seguridad.
“Lo que tenemos en Venezuela son prácticas recurrentes de una forma cultural de hacer la labor policial, que termina afectando y generando violaciones de derechos humanos y que no tiene raíz en al año 1998, sino de gobiernos anteriores, y la situación ha existido siempre”, acotó.
Explicó que lo ocurrido en el Rosal “es una alarma y un hecho que nos debe llevar a ver la raíz del problema”, que tiene que ver con todo un sistema de administración de justicia que está pidiendo una rápida intervención y transformación, donde intervienen el Ministerio Público, los Tribunales, el CICPC y toda la estructura del sistema de administración de justicia.
Fernández dijo que además se debe concebir la seguridad desde una política mucho más integral, ya que aún funcionan algunos organismos de seguridad que aún no han ingresado en un proceso pleno de transformación y modernización en la que está empeñada el Gobierno Nacional.
El representante de la ONG ponderó la creación por parte de la Presidencia de la República del nuevo Sistema Penitenciario que se encargará del sistema carcelario venezolano, para “ponerle el pecho” a ese problema, ya que hay que transformar esos espacios en la posibilidad de la reconstrucción de un proyecto de vida, ya que todos somos corresponsables de que muchas de esas personas estén privadas de libertad.
Como se resuelve el tema de la seguridad y el desarme, Fernández manifiesta enfáticamente que “hay que apuntar fuerte a las políticas de juventud”, generando que los jóvenes no estén ociosos, que tengan satisfacciones como seres humanos y se sientan útiles a la sociedad, buscando alternativas positivas en su entorno, no va a buscar armas ni va a incurrir en delitos.
«En este modelo de país que estamos construyendo, el policía tiene que ser un profesional, una personas valorada y respetada socialmente y por la comunidad, que tenga credibilidad, y eso ya lo empezamos a ver con los funcionarios de la PNB y los jóvenes de la UNES que están haciendo ya sus pasantías en las calles. Debe saber manejar a todos los ciudadanos, manejar las condiciones del diálogo», puntualizó.
Pablo Fernández también es Secretario Técnico de la Comisión para el Desarme y Supervisor Académico de la Universidad Experimental de la Seguridad(UNES) donde están siendo formados los nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y donde se dan pasos concretos para este empeño del Ejecutivo Nacional, que deje atrás la cultura basada en la represión.