Debido a la crisis energética producto de la intensa sequía que azota al país, el presidente de la República Hugo Chávez, anunció el Decreto de Emergencia 7.228 donde se ordena a la Corporación Eléctrica Nacional a acelerar la ejecución de los planes de contingencia para hacer frente a la crisis.
El escrito considera al sector eléctrico como una actividad estratégica que involucra la seguridad y defensa de la nación, así como el desarrollo económico y la calidad de vida del pueblo.
También explica que este fenómeno natural afecta las cuencas hidrográficas disminuyendo el aporte de agua a los reservorios, que son destinados a la generación de electricidad y que afectan directamente en la producción y abastecimiento eléctrico del país, así como en el desarrollo de actividades productivas y económicas.
El texto reconoce que las inversiones no han sido suficientes y que los actuales sistemas de transmisión y distribución están al máximo, estas condiciones, dice el documento, limitan el suministro de energía.
Por otra parte, menciona que hubo un crecimiento acelerado en la demanda y el consumo eléctrico y explica que es consecuencia de la distorsión en el patrón de consumo, fenómenos que indica la necesidad de programas informativos, educativos y para el uso consciente de la energía eléctrica.
El decreto declara el «estado de emergencia» en la prestación del servicio eléctrico durante 60 días con opción a extenderse, por lo que según este escrito se autorizó al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Planificación y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, a dictar medidas especiales que considere pertinentes en función de garantizar a la población el suministro de energía eléctrica.
Además faculta al Ministro Araque a tomar medidas necesarias para que las instituciones públicas y privadas del país cancelen las deudas adquiridas con las empresas eléctricas del estado.
El citado documento, demanda a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y empresas filiales a acelerar los cronogramas de ejecución de las obras que corresponden a las inversiones y mejoramientos de la infraestructura para funcionamiento del servicio eléctrico entre otras cosas.
En cuanto al consumo, la ley expresa que quienes consuman más de 500Kw/hora por mes, serán considerados como: «altos consumidores residenciales», a estos usuarios se les emplaza a reducir su consumo eléctrico en un 10% por el contrario se producirá un recargo en la factura mensual de 75% adicional. Por otra parte aquellos usuarios que aumenten su consumo en un 10% o más, se les generará un recargo del 100% pero si se incrementa el uso de energía en un 20% el recargo será de un 200% mensual en la facturación del sevicio.
Las ventajas del decreto se expresan en lo económico, la calidad y continuidad del servicio, de esta manera quienes reduzcan el uso de elećtricidad entre un margen del 10 al 20% se beneficiarán con un descuento del 25% en la facturación mensual del servicio, y en el caso de que el ahorro del consumo supere el 20% le corresponderá un descuento del 50% en la cancelación del servicio.
Este plan estratégico será impulsado a través de una Campaña Nacional para instruir a la población sobre el uso eficiente y ahorro de eléctricidad y estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, quien se encargará del diseño de un programa educativo dirigido al sector estudiantíl en todos sus niveles, desde el inicio de la primaria hasta la educación superior.
El documento exige a los diversos organismos policiales y autoridades de los estados y municipios del país a prestar todo el apoyo que se requiere para la disminución y control de las conexiones ilegales de energía eléctrica. Además emplaza a aquellos usuarios que están conectados sin autorización de las empresas venezolanas reguladoras del servicio a legalizar su situación.