Cientos de personas se manifiestan este lunes frente al Congreso paraguayo, en momento en que los legisladores comenzaron a debatir el presupuesto para 2013, que tiene severos recortes en áreas sensibles como salud y educación.
Desde tempranas horas de la mañana, docentes, campesinos y mujeres se reúnen en la emblemática Plaza de Armas de Asunción, capital del país.
El proyecto de presupuesto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, contempla un gasto de 13.000 millones de dólares, informó BBC.
Prensa Latina reportó que en la Plaza de Armas se encuentran casi un centenar de campesinos provenientes de Ñacunday, en el departamento de Alto Paraná.
Los labriegos reclaman la entrega de tierras por parte del gobierno de facto y el aval del Parlamento para la expropiación de terrenos con ese fin.
La Federación Nacional Campesina (FNC), que participa en la protesta, criticó a la administración de Federico Franco por reducir los recursos que permitirían al Estado la compra de tierras en manos de latifundistas para su entrega a miles de familias.
A su vez, los sindicatos de docentes denunciaron que los recortes de fondos al presupuesto de Educación impedirá cumplir el compromiso suscrito con el Ejecutivo durante la última huelga general del sector, el cual incluye el pago de deudas a los maestros y la asignación de bonificaciones familiares.
Por su parte, el Frente para la Mujer (FM) apuntó contra la crítica situación de la atención hospitalaria con crisis hasta de insumos que afecta a la población.
Durante esta jornada, medios locales revelaron que los niños indígenas y campesinos paraguayos son víctimas de primer orden de frecuentes desalojos de las tierras en que viven en condiciones precarias junto a sus familias, lo cual les impide acceso normal a la educación.
El gobierno de facto de Franco, que en junio pasado participó en el derrocamiento del presidente legítimo, Fernando Lugo, atraviesa desde ese entonces una profunda crisis económica y social.
A las crecientes protestas populares, el Ejecutivo ha respondido con la represión policial y la profundización de desalojos de las familias campesinas, como también el despido de empleados públicos.