El Parlamento de Cataluña aprobó hoy una resolución sobre el inicio del proceso de independencia, que el gobierno español anunció recurrirá ante el Tribunal Supremo.
El documento que establece como objetivo la creación de la República Catalana fue votado punto por punto, con un patrón idéntico de 72 votos a favor, 63 en contra y ninguna abstención.
La propuesta fue presentada por los grupos independentistas Juntos por el Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP), que tienen en conjunto mayoría absoluta en el parlamento regional.
Se opusieron los partidos Ciudadanos, Popular (PP), Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Cataluña si se puede, partidaria del derecho a decidir pero no de la declaración unilateral de independencia.
La resolución establece el inicio de un proceso de desconexión de España y sus instituciones de ese territorio del noreste de España de 32 mil 114 kilómetro cuadrados y algo más de 7,5 millones de habitantes.
Concretamente prevé iniciar en el plazo de 30 días la tramitación de leyes del proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública para comenzar el llamado proceso de desconexión democrática de España.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, adelantó que recurrirá la resolución mañana, después de escuchar un dictamen del Consejo de Estado y de la realización de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
Las autoridades españolas rechazan la declaración la secesión pues consideran que es un tema de soberanía y unidad territorial y corresponde decidirlo a toda España y no al parlamento regional.
El miércoles, 11 de noviembre, se debe reunir el Tribunal Constitucional para analizar el recurso del gobierno y su aceptación a trámite significará la suspensión de la moción aprobada en el parlamento.
Los independentistas, en cambio, estiman que la iniciativa se corresponde con la demanda masiva de la población catalana, expresada en las elecciones parlamentarias debido a la negativa del gobierno español de autorizar la realización de un referendo.
La República Catalana, según este enfoque, es imprescindible para dar respuesta a las urgencias y los retos sociales de la sociedad y asegurar un Estado de derecho para luchar contra la corrupción y asegurar la separación de poderes.
La posición adelantada por ese sector es que no acatarán decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, lo cual abre un futuro incierto en el conflicto independentista.