El Parlamento griego aprobó este miércoles, al borde de la media noche, el nuevo paquete de medidas de austeridad exigido por los acreedores internacionales, que incluye recortes presupuestarios por valor de 13 mil 500 millones de euros.
El resultado de la votación fue bastante ajustado, ya que la propuesta superó por solo dos sufragios la mayoría necesaria para ser aprobada.
En concreto 153 diputados votaron a favor, 128 lo hicieron en contra y hubo 18 abstenciones.
Entre las medidas aprobadas se encuentran la rebaja de las pensiones, la eliminación de complementos salariales para los empleados públicos y determinados subsidios, la reducción del gasto sanitario, así como la controvertida desregulación del mercado laboral.
El debate previo estuvo crispado por la demanda de inconstitucionalidad presentada por los dos principales partidos opositores, Syriza y Griegos Independientes, y que se saldó con una demora de una hora y media para permitir la llegada de los diputados gubernamentales ausentes.
El primer ministro, Antonis Samarás, planteó la votación como una disyuntiva entre «permanecer en Europa o volver al dracma y al aislamiento internacional, a la insurrección social y a la guerra civil», al tiempo que reconoció la injusticia de algunas de las propuestas.
«Algunas de las medidas incluidas en la ley deberían haber sido tomadas hace años, y otras, como las reducciones de salarios y pensiones, son injustas y eso no debemos ocultarlo», dijo, aunque al mismo tiempo consideró que cualquier otra opción sería mucho peor.
Mientras tenía lugar el debate, más de 100 mil manifestantes expresaban en las calles aledañas al Parlamento su rotundo rechazo a las medidas de austeridad planteadas por el ejecutivo.
La protesta finalizó con violentos enfrentamientos entre policías y congregados, en los que los agentes usaron abundantes gases lacrimógenos y cañones de agua, sin que hasta el momento se conozcan datos sobre el número de heridos y detenidos.