Fue un día como hoy, lunes, que ocurrió uno de los actos terroristas más violentos que vivió la sociedad venezolana en los últimos 100 años. “Lo acontecido entre el 02 de diciembre de 2002 hasta el 04 de febrero de 2003, hay que tipificarlo como el hecho más relevante y dramático ocurrido durante toda la historia de la industria petrolera venezolana”, consideró Andrés Giussepe, presidente de la Asociación Civil Víctimas del Paro (Videlpa).
El sabotaje contra la industria petrolera nacional, que comenzó ese lunes 2 de diciembre, configuró una serie de hechos delictivos confabulados y aupados por los sectores opositores al gobierno de Hugo Chávez Frías, para intentar derrocarlo por la vía económica, apenas a siete meses de haberlo derrocado por la vía militar, el 11 de abril de 2002, en ambas el líder de la Revolución Bolivariana logró sobrevivir, recordó el economista venezolano.
“Los responsables nunca levantaron el paro, por lo que se puede decir que la actual guerra económica que lleva adelanta la oligarquía y factores de la derecha es una prolongación de esas acciones desestabilizadoras. Por eso el Gobierno tiene que ser contundente en sus medidas, porque de los hechos de 2002, no hay una persona presa, los pocos condenados están fugados”, se lamentó el investigador y activista social.
El objetivo fundamental era quebrar de una vez la industria petrolera venezolana, crear la desestabilización política y económica y generar una conmoción social. Una estrategia muy parecida a la que buscan ahora, pero con otros métodos, argumentó Giussepe.
LOS PROTAGONISTAS
La componenda que pretendía paralizar al país estuvo liderada por Carlos Ortega, presidente de la CTV; Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras; Juan Fernández, presidente de Gente del Petróleo, una organización de gerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la autodenominada Coordinadora Democrática.
“Dentro de la Coordinadora Democrática se contabilizaron unas 36 organizaciones ONG y 14 partidos políticos que con sus particularidades conspiraron por un fin común fin: intentar salir de Chávez lo más pronto posible por segunda vez en menos de un año”, especificó.
Giussepe dijo que hay muchos nombres que no se deben olvidar, porque participaron activamente en esa conspiración, entre tantos mencionó a Enrique Capriles Radonski, Antonio Ledezma, Enrique Mendoza, Albis Muñoz, Marcel Granier, Manuel Cova y Federico Ravell.
También se conoce de la participación de organizaciones empresariales como Venamcham, Conindustria y Fedenaga. Además estuvo Súmate, que es la organización de la hoy diputada María Corina Machado; los gobernadores y alcaldes opositores y finalmente, los principales medios de comunicación privados (televisivos, prensa escrita y sus portales digitales).
“Nunca quedarán en el olvido nombres de los integrantes de la asociación civil Gente del Petróleo, entre ellos, Juan Fernández Gómez, Horacio Medina, Eddie Ramírez Serfaty, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo Martínez, Carolina Mendoza, Luis Ramírez García y Marco Santiago, entre otros”, enumeró.
El economista dijo que una entrevista al expresidente de Pdvsa, Luis Giusti, líder bajo las sombras de Gente de Petróleo y prófugo de la justicia venezolana, publicada en días previos al paro, en la que afirmó que la paralización de la industria “colapsaría al país”, fue decisiva para la incorporación de las 20 mil personas de la nómina mayor a los actos de sabotaje.
“Ellos pasaron a la historia política venezolana como los que sometieron a su propio país a una de las situaciones más cruentas registradas hasta ahora, no sólo en materia económica, sino también política, social, laboral, ambiental y de salud mental”, apuntó.
En su criterio, sobran las pruebas que demuestran que el autor intelectual y financiero detrás de estos actos de sabotaje y terrorismo fue el propio gobierno de George Bush, por medio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
DAÑOS ECONÓMICOS
Las acciones se centraron en la paralización de la industria petrolera que trajo como consecuencia una sociedad sin energía, en pleno siglo XXI. “Un caso que se asemeja a una situación de guerra con pérdidas mil millonarias”, arguyó el economista venezolano.
El activista de la asociación víctimas del paro reveló que una una investigación realizada por el profesor Mazhar Al-shereida, a solicitud del Ministerio Público, se pudo cuantificar las pérdidas que le ocasionó a la nación este sabotaje petrolero, estimadas por el orden de los 15 mil millones de dólares en esos dos meses de “guerra política con elevadísimas consecuencias económicas”.
Esta cifra se refiere a la cuantificación de los ingresos en divisas que el país dejó de percibir por concepto de exportaciones petroleras, aunado a los costos que ocasionó la reactivación de esa industria luego de que la llamada “meritocracia petrolera” conformada por los gerentes de Pdvsa, la detuvieran en casi 80% de sus procesos.
Además, hubo otras pérdidas, estimadas por el orden de 5 mil millones de dólares ocasionados por la paralización del aparato productivo y comercial de los sectores no petroleros de todo el país.
En resumen, el economista dijo que los costos cuantificables llegaron a los 20 mil millones de dólares, pero hubo otros costos no materiales, los intangibles, que son los daños morales y de violación de los derechos humanos, no cuantificables, pero que “parte de la población padeció, incluyendo muertes, lesiones por quemaduras ocasionas, despidos laborales, pérdidas de clases, amedrentamientos a comercios que no querían sumarse al paro”.
Los daños alcanzan también a las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana. El producto interno bruto (PIB) registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída fue más acentuada, el PIB petrolero bajó 25,9% y 39,3% respectivamente.
Otra consecuencia fue la caída abrupta de las reservas internacionales en divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.
En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento de 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.
LOS HECHOS
En los seis meses posteriores al golpe del 11 abril de 2002, la oposición fue ganando tiempo, con la mesa de negociaciones y todas sus artimañas de baja intensidad, para lanzar el zarpazo definitivo y volver a derrocar a Chávez, pero esta vez de manera definitiva.
Si se analiza desde una perspectiva política e histórica, esos 64 días de crisis política e histórica fueron pasajes de conspiración, terrorismo, sabotaje, disidencia y desobediencia. “Es un pasaje oscuro de la vida republicana. Intentaron destruir al país y quebrar a la economía venezolana, pero no lo lograron”, dijo el presidente de Videlpa, Andrés Giuseppe
De manera resumida, Giussepe explicó que los sectores opositores decidieron convocar a un paro el 2 de diciembre, después de días previos en los que población fue sometida a un estado de angustia permanente, mediante una campaña mediática que logró colocarla en un estado de zozobra y neurosis colectiva.
Posteriormente, el día 7 de diciembre, acordaron un “paro activo” o indefinido, y a partir de allí, a la desobediencia civil hacia todas las leyes e instituciones del Estado, promoviendo acciones de calle, “guarimbas”, cierre de comercios, de hospitales públicos y privados, escuelas, centros comerciales, de líneas aéreas, de bancos, estaciones de servicios, y la paralización de la principal industria del país, rememoró el ex diputado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
Esa acción que el presidente de Videlpa catalogó de “terrorista” sorprendió al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, porque los actores políticos nacionales enfrentados, estaban dispuestos a discutir en una Mesa de Negociación, coordinada directamente por el secretario de la OEA, César Gaviria, mecanismos para lograr una salida constitucional y pacífica a la crisis generada por los mismos opositores al gobierno de Chávez, lo que evidenciaba una contradicción y un el comportamiento antidemocrático de ese sector político.
La industria gravitaba tanto en los hechos, que días antes de la convocatoria, Luis Giusti, expresidente de Pdvsa y prófugo de la justicia venezolana salió dando unas declaraciones, que fueron como el pitazo para la gente que estaba dentro de la industria.
El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo. Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba y participaba en la acción opositora.
De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos petroleros que habían promovido la paralización de la industria, conjuntamente con representantes de Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de la CTV (la principal central sindical de trabajadores del país) aparecían como voceros e instigadores principales de esta acción insurreccional.
Ante esa tensión y las penurias de la población, la balanza en contra del Gobierno del presidente Hugo Chávez comenzó a voltearse, cuando el 21 de diciembre de 2002, oficiales leales al Primer Mandatario tomaron el control de Pilín León.
“El resto es historia, Chávez no fue derrotado, pero la acción creó heridas muy profundas en al sociedad venezolana, que hoy la oposición se hace la vista gorda y llama a la concordia. Fue un acto de traición histórica con el país. Nunca hubo un preso por eso. Como dije arriba, sus convocantes, Carlos Ortega, el único sentenciado, está prófugo; Carlos Fernández y Juan Fernández también huyeron como viles cobardes”, sentenció.
Para Giussepe lo preocupante es que algunos de los actores están ahora en la Asamblea Nacional, en algunas gobernaciones y alcaldías. Hasta se lanzaron en un proyecto presidencialista en las dos últimas elecciones, “con una cantidad importante de votos”.
“El candidato Henrique Capriles Radonski participó activamente en el paro petrolero. Antonio Ledezma se lanzó y ganó la alcaldía metropolitana, Henrique Mendoza es diputado. Todos esos conspiradores en un país sin impunidad estuvieran presos”, sentenció.
SE DEBE INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS
Los daños ocasionados a la población por el paro y sabotaje petrolero deberían ser resarcidos por los responsables, manifestó Andrés Giussepe, presidente de la Asociación Civil Víctimas del Paro (Videlpa)
“El Gobierno Bolivariano y las autoridades judiciales deben considerar medidas que permitan indemnizar a los afectados. Si nos pusiéramos a escribir un libro sobre las secuelas dejadas por el paro petrolero, cada uno de los venezolanos tuviera una historia distinta que contar, de cómo lo vivió, de cómo le afectó: Todos fuimos víctimas del paro”, apuntó.
Tal como ordenó el presidente Nicolás Maduro devolver el dinero a las personas que pagaron precios especulativos por la mercancía, así se debería indemnizar a las personas que fueron afectadas por el paro. “Casos que fueron debidamente documentados”, sostuvo Giussepe.
ACCIONES CONTRA EL PUEBLO
Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, gas doméstico, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro comercial.
El economista Andrés Giussepe resumió las afectaciones:
- Intento de destrucción de la economía venezolana.
- Saboteo a las operaciones de Pdvsa.
- Racionamiento en el expendio de gasolina y derivados a nivel nacional.
- Desabastecimiento y acaparamiento de productos alimenticios de consumo masivo
- Suspensión de clases, vulnerando el derecho a la Educación
- Limitación del derecho a la recreación de los niños, niñas y adolescentes
- Se redujeron los horarios bancarios y montos máximos de dinero a retirar.
- Suspensión de las cartas avales para la autorización de los H.C.M. y experticias de los seguros de vehículos.
- Limitación de venta de medicamentos y suspensión de venta de prótesis y demás implementos médicos.
- Se cercenó el derecho al trabajo.
- No cancelación de semanas de salario por motivos del paro.
- Violación al derecho al libre tránsito.
- Cercenamiento de la libertad de información y expresión por uso abusivo del monopolio de los medios de comunicación social.
- Cierre de centros comerciales por parte de las administradoras.